El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la “Política de Inteligencia Nacional”, un documento de 34 páginas que guiará el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en los próximos años.
El Decreto 864/2025 representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas y le instruye a la SIDE dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” para implementar los objetivos.
Diagnóstico Crítico y Reemplazo de la AFI
El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del SIN, al que describe con “un deterioro relevante” de más de tres décadas que “socava el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El documento menciona hechos de “suma gravedad institucional”, como los atentados terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) —”cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”—, y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El Gobierno ratificó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que “implicó un notorio retroceso institucional”, y su reemplazo por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados:
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Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
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Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
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Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
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División de Asuntos Internos (DAI)
Los Cinco Intereses Estratégicos
La nueva política define cinco intereses que orientarán todas las actividades del sistema:
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Asegurar la soberanía y autonomía de la Nación.
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Proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado.
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Proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes.
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Asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal.
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Preservar los recursos estratégicos.
Malvinas, Crimen Organizado y Ciberseguridad, los Diez Ejes
El anexo desarrolla diez lineamientos estratégicos que abarcan las principales áreas de interés. Entre los más destacados se encuentran:
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Malvinas y Atlántico Sur: El documento establece monitorear la “ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Islas Malvinas y la intensificación de actividades logísticas y militares de potencias extrarregionales en el Atlántico Sur y la Antártida.
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Recursos Estratégicos: El país enfrenta “escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos” por su dotación de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas.
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Ciberseguridad: Lo define como “vector de influencia y superficie de ataque” y aborda la “superioridad de la información y riesgo de influencia externa” con foco en operaciones de desinformación que buscan erosionar la cohesión social.
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Terrorismo: El país enfrenta “exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente”, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales.
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Crimen Organizado: Se lo describe como “una estructura de poder paralela” que se beneficia de “la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales”.
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