El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “ley hojarasca”, una iniciativa que busca eliminar cerca de 70 normas que, según el Gobierno, han perdido vigencia o utilidad con el paso del tiempo.
El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y tiene como objetivo principal simplificar el entramado normativo y reducir cargas burocráticas dentro del Estado.
Desde el Ejecutivo argumentaron que muchas de las leyes incluidas en el listado quedaron desactualizadas por cambios regulatorios posteriores, avances tecnológicos o directamente por desuso. En ese sentido, también se apela al principio constitucional de que todo aquello que no está prohibido está permitido, por lo que no sería necesario mantener normas que habiliten actividades sin restricciones.
Entre los ejemplos más llamativos aparecen disposiciones consideradas anacrónicas o de escasa aplicación práctica, como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo, la autorización legal para transmitir televisión en color o normas que preveían sanciones como los azotes, ya prohibidas por la Constitución.
La iniciativa, además, incorpora un enfoque de reducción del gasto público. En ese marco, propone eliminar o dejar sin financiamiento estatal a distintos entes, comisiones y organizaciones, como la Federación Argentina de Municipios o el Círculo de Legisladores, así como también discontinuar premios financiados con fondos públicos, entre ellos el Premio Nacional de la Calidad.
El proyecto también alcanza a normas vinculadas a beneficios impositivos, regímenes promocionales y estructuras administrativas que, según el diagnóstico oficial, ya no cumplen funciones concretas o nunca llegaron a implementarse.
Entre las leyes a derogar hay disposiciones que datan de fines del siglo XIX, como incentivos para el descubrimiento de minas de carbón, y otras más recientes vinculadas a regulaciones tecnológicas superadas, como el uso de microfilmación en organismos estatales o la obligación de promover contenidos turísticos en medios públicos.
Asimismo, se incluyen normas que, de acuerdo al Ejecutivo, resultan incompatibles con principios constitucionales actuales, como aquellas que restringían la libre circulación, imponían controles sobre reuniones privadas o limitaban la inversión extranjera en determinados sectores.
El Gobierno sostiene que la “ley hojarasca” forma parte de un proceso más amplio de modernización del Estado, orientado a eliminar regulaciones innecesarias, mejorar la eficiencia administrativa y adaptar la legislación a las condiciones actuales.
El proyecto deberá ahora ser debatido en el Congreso, donde se espera que genere discusión tanto por el alcance de las derogaciones como por el impacto político y económico de las medidas propuestas.
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