La Justicia rechazó este viernes los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para evitar el decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad, por lo que deberán afrontar, junto al resto de los condenados, una ejecución equivalente a casi $685.000 millones.
La resolución llegó por parte de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes se expresaron en la misma línea que lo había hecho el fiscal general Mario Villar este jueves.
“El decomiso de tales activos se erige como una herramienta indispensable para recuperar lo sustraído, neutralizar las ventajas económicas obtenidas a partir de estas prácticas, evitar la impunidad y desalentar la reiteración de hechos de similar naturaleza”, manifestó Hornos en el fallo.
Además, indicó que la medida debe proyectarse sobre el período entre 2003 y 2015, que según el magistrado fue “el marco temporal dentro del cual se acreditó la maniobra criminal juzgada”. Se trata del lapso de tiempo que correspondió a los gobiernos de Néstor y Cristina.
“Esa delimitación no surge de una apreciación arbitraria, sino de la propia sentencia condenatoria que fijó como objeto procesal un entramado de hechos desarrollados durante ese lapso, en el que se verificó la sustracción de fondos públicos y su posterior canalización en beneficio de los imputados“, agregó.
En ese sentido, expresó que la decisión no debe ser entendida “de manera indeterminada o expansiva, sino que debe quedar estrictamente condicionada por el análisis cronológico de la fecha de adquisición, incorporación o ingreso de los bienes al patrimonio de los condenados“.
En tanto, la defensa de la expresidenta había solicitado anular el decomiso al considerar que la acusación intentaba sustituir dicha herramienta “por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad”.
Comentarios