El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno nacional y pidió que la investigación cambie de fuero para determinar si pudo haber cometido delitos tributarios.
El planteo llegó después de analizar las explicaciones que presentó el exjefe de Gabinete sobre la evolución de su patrimonio, en particular el origen de los fondos que atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública.
De acuerdo con la evaluación de la fiscalía, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten descartar la versión de Adorni ni acreditar que haya existido un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de sus cargos públicos. Sin embargo, Pollicita advirtió que todavía deben investigarse posibles irregularidades en sus declaraciones de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas.
El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y ordena que el expediente pase al fuero en lo Penal Económico, donde se analizarían eventuales infracciones tributarias.
Qué encontró la investigación sobre el patrimonio de Adorni
La causa se concentró en los movimientos patrimoniales del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período durante el cual ocupó distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo.
Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por US$402.578, de los cuales alrededor de US$374.000 fueron abonados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos que pudo comprobar y las erogaciones realizadas.
Frente a esos interrogantes, Adorni presentó en septiembre un descargo en el que respondió 20 requerimientos de la fiscalía relacionados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares.
Uno de los argumentos centrales de su defensa estuvo vinculado con supuestas inversiones en criptomonedas. El exjefe de Gabinete aseguró que entre 2014 y 2018 había invertido cerca de US$200.000 en Bitcoin y que posteriormente vendió esos activos por un monto aproximado de US$591.544, dinero que, según su explicación, conservó en dólares billete.
Qué pasó con las pruebas sobre las operaciones con Bitcoin
Para verificar esa explicación, Pollicita ordenó peritar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados en ellas.
Los análisis permitieron confirmar que las billeteras existían, que habían registrado actividad entre 2014 y 2018 y que las claves estaban bajo control de la defensa al momento de las verificaciones.
Sin embargo, los especialistas no pudieron determinar quiénes administraban esas direcciones durante el período analizado ni reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron en las operaciones.
Esas limitaciones fueron determinantes para la evaluación del fiscal, ya que impidieron desmentir la explicación de Adorni sobre el origen previo de los fondos, aunque tampoco permitieron acreditar de manera concluyente que las transacciones se hubieran realizado exactamente como sostuvo el exfuncionario.
La fiscalía también examinó los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. A partir de esos registros, concluyó que la inversión en criptomonedas que declaró el exjefe de Gabinete no resultaba económicamente imposible, aunque esa información tampoco alcanzaba para confirmar por sí sola su relato.
Cómo sigue la causa contra Adorni
El planteo de Pollicita abre una nueva etapa judicial, pero no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya terminado.
Si Ariel Lijo acepta el pedido, el expediente pasará al fuero Penal Económico, que deberá profundizar el análisis sobre eventuales inconsistencias tributarias vinculadas con los ingresos declarados, las tenencias en moneda extranjera y las operaciones con activos digitales.
De esta manera, el fiscal considera que, con las pruebas reunidas hasta ahora, no se puede sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, pero deja abierta la posibilidad de que existan otras responsabilidades penales que deberán ser examinadas por la Justicia.
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