La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un paro de cuatro días en todas las categorías del fútbol nacional y la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, que debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, en repudio a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida fue resuelta este lunes en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, en medio de un conflicto judicial por una presunta deuda tributaria que supera los 19.350 millones de pesos.
La decisión impacta de lleno en la Primera División y el Ascenso, y se da en un contexto en el que fueron citados a declarar el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco, en el marco de una causa que investiga una presunta omisión en el pago de tributos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Qué se suspende y por qué
La medida alcanza a la fecha 9 del torneo, que comenzaba el 5 de marzo con Gimnasia Mendoza–Defensa y Justicia y continuaba con seis partidos el viernes 6, otros seis el sábado 7 —incluidos encuentros de Racing e Independiente— y cuatro el domingo 8, entre ellos River y Boca. También se detendrá la actividad en el resto de las categorías.
En el comunicado oficial, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”, y agregó que esos argumentos fueron utilizados como fundamento para llamar a declaración indagatoria a sus autoridades.
La entidad afirmó además que “el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento” y que esa cuestión ya fue planteada ante el tribunal interviniente, quedando pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. En ese sentido, remarcó que “ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.
La resolución de suspender la fecha fue adoptada por decisión unánime de todos los presentes en el Comité Ejecutivo —con la salvedad explícita de Estudiantes— y representa, según dirigentes, una señal de respaldo institucional frente a lo que consideran una ofensiva judicial.
El origen de la causa
El proceso penal se inició el 12 de diciembre de 2025, tras una denuncia de ARCA que detectó una presunta omisión sistemática en el pago de tributos. Según la acusación, la AFA no habría retenido ni depositado aportes a la seguridad social, generando un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000, en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.
La fiscalía encuadró los hechos en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario, apoyándose en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
De acuerdo con la querella, el análisis contable reveló que la AFA recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025, además de constituir plazos fijos en pesos y dólares, lo que demostraría —según ARCA— que los implicados tenían “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
La acusación descartó un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante 19 meses evidenciaba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero.
En testimonios del 10 de febrero, Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, señalaron que los pagos dependían de instrucciones verbales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y aguardaba la orden precisa de Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Méndez identificó a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.
Las citaciones y el viaje autorizado de Tapia
El cronograma de audiencias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El 6 será el turno de Toviggino y Lorenzo, mientras que el 9 deberán presentarse Blanco y Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico aún debe resolver el recurso presentado por la defensa tras el rechazo al pedido de sobreseimiento.
En paralelo, el juez Diego Amarante autorizó a Tapia a salir del país bajo una fianza de 5.000.000 de pesos para cumplir compromisos oficiales en Colombia y Brasil. Deberá notificar su regreso a través del sistema LEX100 dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio; en caso de incumplimiento, se ejecutará la fianza y se ordenará su captura.
Durante el viaje, participará de un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y de una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Las notificaciones involucraron a SIFCOP, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. El itinerario autorizado se extiende del 23 al 28 de febrero de 2026, con alojamiento previsto en un hotel cuatro estrellas en Colombia y tres estrellas en Brasil.
“Se está declarando una guerra contra el fútbol”
Tras la reunión del Comité Ejecutivo, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, fue uno de los primeros en explicar la postura de los clubes. “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de Estado”, sostuvo.
Consultado sobre el alcance de la medida, fue contundente: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. Y agregó: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.
En esa línea, también afirmó: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.
La decisión, calificada como histórica, deja en suspenso la actividad del fútbol argentino y abre un escenario de negociación e incertidumbre, mientras avanza una causa judicial que enfrenta a la conducción de la AFA con el organismo recaudador del Estado.
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