
Los gremios universitarios resolvieron realizar un paro de 24 horas este jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de salarios dignos. La medida incluirá la participación en movilizaciones durante toda la jornada y contará con la adhesión de los docentes nucleados en Coad y de los no docentes de Apur. Como consecuencia, no habrá actividad en las facultades y escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La decisión se enmarca, además, en un contexto de fuerte preocupación por la situación presupuestaria del sistema universitario. En ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) difundieron un comunicado conjunto para expresar su alarma ante el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que deroga la Ley de Financiamiento Universitario.
En un comunicado, los profesores señalaron: “Nuestro salario es el peor de los últimos 42 años. Para igualar el poder adquisitivo que tenían nuestros sueldos en noviembre de 2023, deberíamos recibir un aumento de más del 45% sobre el salario actual. Medido en términos de masa salarial, durante los últimos 23 meses perdimos el equivalente a 8 sueldos”.
Por su parte, el comunicado conjunto del CIN, la FUA y el Frente Gremial manifestó “la profunda preocupación por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario que debimos sostener con mayoría agravada y que hoy su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial”.
En ese marco, las autoridades universitarias, junto a docentes, no docentes y estudiantes, exhortaron a los legisladores a sostener su postura: “Exhortamos a las y los legisladores que nos acompañaron —comprendiendo nuestras preocupaciones y la manifestación contundente de la sociedad argentina— en los debates legislativos que permitieron sostener una ley clave para el funcionamiento universitario a que mantengan su posición. Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”.
Finalmente, advirtieron “que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas pueda desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026”.
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