El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 10 años de prisión para el ex juez federal Marcelo Bailaque, acusado de liderar una compleja maniobra de extorsión, corrupción judicial y lavado de activos, mediante la cual habría presionado a empresarios para obtener dinero y apropiarse de un terreno en un barrio privado de Funes. El pedido fue presentado ante la Justicia Federal de Rosario por los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, en el marco de la causa “Bailaque, Marcelo Martín y otros s/ extorsión y otros”.
Según la acusación, Bailaque utilizó su posición como juez federal para armar causas penales falsas, direccionar investigaciones administrativas y ordenar allanamientos irregulares, con el objetivo de intimidar a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Para los investigadores, el ex magistrado puso el aparato judicial y organismos del Estado al servicio de un interés privado y delictivo.
Un plan coordinado desde el poder judicial
De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2019 y 2024 Bailaque actuó de manera coordinada con el financista Fernando Whpei, el escribano Santiago Busaniche y el ex funcionario de la AFIP Carlos Vaudagna, para montar una denuncia anónima falsa que vinculaba a Iglesias con lavado de dinero y narcotráfico. Esa denuncia fue utilizada para abrir una causa penal, ordenar allanamientos y generar un fuerte daño reputacional al empresario.
En paralelo, Whpei —con el aval y la información permanente del juez— exigió a Iglesias 200 mil dólares para frenar la causa judicial y las fiscalizaciones impositivas. Como consecuencia de esas presiones, la víctima terminó entregando 160 mil dólares entre 2019 y 2022.
Los fiscales remarcaron que Bailaque ordenó allanamientos sin sustento probatorio, omitió controles básicos y consignó datos falsos en resoluciones judiciales, todo ello con pleno conocimiento del carácter fraudulento de la investigación que él mismo impulsaba.
Pagos encubiertos y lavado de activos
La acusación también detalla que entre 2019 y 2025 Bailaque recibió pagos mensuales de Whpei por más de 5,7 millones de pesos, disimulados bajo un contrato de alquiler de un inmueble en Santa Cruz que nunca fue utilizado por la mutual que figuraba como locataria. Para la Fiscalía, esos pagos constituyeron dádivas ilegales vinculadas a su función como juez federal.
Además, se imputó a Bailaque y a su esposa, Graciela Martínez Maulion, la puesta en circulación de fondos ilícitos mediante la compra en efectivo de un lote en el barrio cerrado VIDA, en Funes, por 70 mil dólares, una suma inferior al valor real de mercado.
Las penas solicitadas
En función del concurso real de delitos, los fiscales señalaron que Bailaque enfrenta una expectativa de pena de entre 5 y 31 años de prisión, aunque consideraron proporcionado solicitar 10 años de cárcel, más inhabilitación especial y absoluta, multas millonarias y el decomiso de bienes.
Para el escribano Santiago Busaniche, a quien se le atribuye un rol clave como instigador y operador del plan, la Fiscalía pidió 6 años de prisión, inhabilitación perpetua y especial para ejercer su profesión.
En tanto, para Graciela Martínez Maulion, funcionaria judicial provincial y esposa del ex juez, solicitaron 4 años y medio de prisión, al considerar probado su rol en el lavado de activos y la administración prolongada de bienes de origen ilícito.
Gravedad institucional y juicio unificado
Los fiscales calificaron el caso como un ejemplo de corrupción estructural dentro del Poder Judicial, al señalar que no se trató de hechos aislados, sino de un plan sostenido durante casi una década, con reiteración de conductas y aprovechamiento del máximo nivel de poder estatal.
“La maniobra fue planificada, profesionalizada y ejecutada desde la investidura judicial, lo que desnaturaliza el Estado de Derecho”, subrayaron en el escrito.
Por la conexidad de los hechos y la comunidad probatoria con otras causas abiertas contra Bailaque —incluida una investigación por presunta protección al narcotraficante Esteban Alvarado—, la Fiscalía pidió la unificación de los expedientes y la realización de un juicio oral único, ante un tribunal colegiado.
Si se superan las instancias de revisión, en tribunales estiman que el debate oral podría comenzar entre marzo y abril.
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