El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas formularon la acusación para promover el juicio oral contra un productor rural de 25 años, identificado por sus iniciales F.A.P., acusado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. El delito está agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad. La fiscalía estimó en 8 años de prisión la pena que solicitará en el debate.
La causa se originó tras la detección, en octubre del año pasado, de 20 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas ubicado sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
La acusación fue presentada por los fiscales federales Walter Rodríguez, la fiscal coadyuvante Milagros Traverso y el fiscal general Marcelo Colombo. El requerimiento constituye el paso previo a la audiencia de control, instancia en la que se definirá si el caso avanza a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Según la investigación, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural. El Ministerio Público Fiscal también solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes secuestrados y la imposición de costas al acusado.
“Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales.
Captación, traslado y endeudamiento
La investigación comenzó el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres víctimas en una comisaría local, una de las cuales logró escapar del predio. A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo de frutillas ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.
La mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco, especialmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y había sido trasladada bajo promesas laborales que no se cumplieron. Según la acusación, el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando un sistema de endeudamiento inducido. Aunque inicialmente se habían contabilizado 45 presuntas víctimas, la acusación se centró finalmente en 20 casos a partir de los testimonios recabados.
Condiciones de vida y trabajo
La fiscalía describió un escenario de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera como camas. Además, el lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable.
Según los testimonios, las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descanso y con salarios por debajo de los mínimos legales.
Uno de los relatos incorporados en la acusación da cuenta de esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie así, ¿viste? Cuando tenía que ir otra vez”.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal consideró que las condiciones configuraban una situación de reducción a la servidumbre, basada en el aprovechamiento de la necesidad económica y la falta de instrucción de las víctimas.
Evidencia y pedido de decomiso
La acusación también se apoya en la evidencia recolectada durante el allanamiento: se secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas utilizadas en tareas nocturnas.
Asimismo, se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado. Según la fiscalía, el vehículo era utilizado como instrumento para la comisión del delito, por lo que se solicitó su decomiso.
Para los fiscales, el conjunto de pruebas permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas” y a “obtener beneficios a costa de su libertad y dignidad”. El caso cuenta con la intervención de programas estatales de asistencia para el acompañamiento psicológico y social de las víctimas.
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