Con una caída del 57% en los homicidios respecto a 2023 y del 44% en comparación con enero de 2025, el Gobierno nacional presentó un balance de seguridad en Rosario que marca un quiebre frente a los años más críticos de violencia. Los datos corresponden al primer mes de 2026 y se enmarcan en la implementación del Plan Bandera, el esquema de despliegue de Fuerzas Federales en la ciudad.
Según el informe del Ministerio de Seguridad Nacional, la baja es aún más pronunciada en las zonas donde operan las fuerzas federales: allí los homicidios se redujeron 67% interanual y 71% frente a enero de 2023, uno de los períodos más complejos en materia de violencia urbana.
Para el Gobierno, el resultado responde a un cambio de enfoque. El subsecretario de Intervención Federal y coordinador del Plan Bandera, Federico Angelini, sostuvo que la clave fue dejar atrás la persecución fragmentada del delito.
“Cambiamos la lógica: ya no se persigue al eslabón suelto, se ataca a la estructura completa”, afirmó.
La Ley Antimafia como eje
Angelini señaló como punto de inflexión la implementación de la Ley Antimafia, que permite abordar penalmente a las bandas como organizaciones y no solo por delitos individuales.
“Si una banda comete un delito, vamos por todos. No importa quién es tiratiros o quién lava la plata: el que financia, el que organiza la logística y el que da la orden pagan por igual porque son parte del mismo engranaje”, explicó. Según indicó, esta herramienta jurídica permitió que los golpes judiciales no se diluyan y que las estructuras criminales pierdan capacidad de regenerarse.
Desde la cartera de Seguridad encuadran esta estrategia dentro de la llamada Doctrina Bullrich, con foco en desarticular las redes económicas y de mando del delito complejo.
Cárceles bajo control
Otro de los factores señalados fue el endurecimiento del régimen penitenciario para presos de alto perfil. Angelini graficó que se terminó el “home office” delictivo desde las cárceles.
“Durante años, Rosario sangró por órdenes que salían por celular desde las prisiones. Al aislar a los jefes y cortar las comunicaciones, las bandas en la calle quedaron sin conducción”, sostuvo. Según el funcionario, esa medida explica parte de la reducción de la violencia.
Más de 150 allanamientos en enero
El balance también destacó la articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las fuerzas provinciales. A diferencia de veranos anteriores, en enero se realizaron más de 150 allanamientos conjuntos, manteniendo la actividad operativa durante el receso judicial.
“La intensidad no bajó. Cuando hay decisión política, la justicia y las fuerzas trabajan a la par”, afirmó Angelini.
Coordinación con la Provincia
El Comando Unificado remarcó además la cooperación con el Gobierno de Santa Fe. Angelini agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro por la cesión de 100 móviles a las Fuerzas Federales, que ya patrullan zonas críticas de Rosario.
“Recuperar logística y equipamiento era urgente. Hoy hay más presencia y capacidad de movimiento en los barrios más afectados”, indicó.
Un cambio de tendencia
Desde el Gobierno nacional reconocen que el proceso aún no está cerrado, pero sostienen que enero dejó el registro de violencia más bajo desde la implementación del plan.
“Detrás de cada punto que baja hay familias que viven más tranquilas. El mensaje es claro: con decisión política y coordinación, en Rosario se terminó la impunidad”, concluyó Angelini.
El desafío, ahora, será sostener esta tendencia en los próximos meses y consolidar la baja como un cambio estructural y no solo coyuntural.
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