Este jueves se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que denega la concesión de un Recurso Extraordinario Federal solicitado por el MPA, respecto a los fueros del senador Armando Traferri. Con la única disidencia del juez Daniel Erbetta, la votación salió cuatro a uno (el juez Spuler estaba enfermo y no pudo votar)
Vale la pena recordar cómo se inicia el tema: en una investigación sobre el juego ilegal que comienza con el asesinato de un apostador en el Casino City Center en 2020, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery encuentran en 2020 que había evidencias que vinculaban Traferri con la causa. Pero al solicitar la imputación del legislador, se toparon con la negativa del Senado provincial, que en votación mayoritaria evitó la citación judicial al legislador, amparado en los fueros.
Desde aquel momento, el MPA viene solicitando a la justicia que defina la constitucionalidad de una norma que evita a un legislador santafesino ser imputado, más allá de que exista la presunción de que cometió un delito.
El fallo de este jueves confirma uno similar de comienzos de este año del mismo organismo. Y para Schiappa Pietra, era esperable. “Repite los votos de febrero, cuando habían decidido rechazar la resolución de Mascali, el Juez de Cámara que hubiese habilitado la citación al senador a un Tribunal”, señaló el fiscal a Red Boing.
Más allá de tecnicismos, lo ratificado en el voto de cinco de los seis ministros de la Corte santafesina es la vigencia de un pacto no escrito, que sirve de blindaje al legislador sanlorencino para evitar sentarse en un banquillo.
Jorge Baclini, fiscal general de la provincia, también habló con Red Boing. Y adelantó que ahora se recurrirá en queja a la Corte Suprema de la Nación. Así, el máximo órgano judicial del país deberá decidir si acompaña lucha contra la corrupción en la provincia de Santa Fe o avala la impunidad.
Fuentes del ámbito judicial a las que consultó Red Boing, indicaron que al MPA tener un voto a favor, aunque haya sido en disidencia, será un elemento valioso para la discusión de los cortesanos nacionales. Asimismo, existe un antecedente que podría resultar clave en la pretensión de los fiscales de llevar a Traferri a una declaración indagatoria: es un voto de febrero de este año de Ricardo Lorenzetti, en la causa “Price” originada en Chubut. Allí, el juez de la Corte nacional consideró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal de esa provincia, por entender que sus consecuencias llevarían a la impunidad.
Lorenzetti refirió en sus fundamentos las Convenciones Internacionales firmadas por Argentina en materia de corrupción y expresó que el Estado nacional tiene asumido -entre otros- un compromiso internacional como miembro de la Organización de los Estados Americanos, en el que se obliga “a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
Para ser coherente con aquel voto que sentó precedentes, debería ahora habilitar que se investigue a un senador santafesino que se ampara en sus fueros para no presentarse ante la justicia, más allá de lo que diga una Constitución a nivel local que fue sancionada en 1962, como la Carta Magna provincial, que está claramente por detrás de la normativa nacional, reformada en 1994 (en la mismísima ciudad de Santa Fe)
En esta línea, el fiscal Baclini explicó a Red Boing que lo que se pretende es muy simple, es “tener la misma vara que tiene el Estado nacional”.
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