El Gobierno nacional oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 una modificación sustancial de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), reordenando la estructura y funciones de los organismos de inteligencia y ampliando sus facultades operativas, incluido un controvertido permiso para que personal de inteligencia pueda aprehender personas en circunstancias específicas. Además, la decisión presidencial otorga mayores facultades a la SIDE.
La medida pone en marcha la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que será un espacio permanente de coordinación entre los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), áreas de inteligencia de Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, junto con otros organismos del Estado vinculados a la materia.
La medida, publicada en el Boletín Oficial en plena receso parlamentario, desencadenó cuestionamientos de la política y de organizaciones civiles, que alertan por un posible riesgo para los controles institucionales y las garantías democráticas. Entre ellos, quien se manifestó públicamente contra la modificación fue el diputado nacional Esteban Paulón al considerar que el decreto generaliza un estado de sospecha, transfiere competencias sensibles sin debate parlamentario y representa “un duro golpe a la democracia”
El DNU ahora deberá ser analizado por el Congreso, y en particular por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que tiene un plazo para debatir su validez y eventualmente rechazarlo en mayoría en ambas cámaras, en lo que podría ser el próximo round de la controversia política
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