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Rosario

Presentaron un amparo contra la quita de los subsidios nacionales al transporte

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Foto: Farid Dumat Kelzi

El Área de Litigio Estratégico de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FunDESC) presidida por el Dr. Roberto Sukerman elaboró una Acción de Amparo Colectivo para que vecinas de la ciudad de Rosario y la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas de Rosario solicitaran al Poder Judicial Federal.

Se declare la vigencia del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, creado por Ley Nacional N° 27.467 (cf. art. 125), y prorrogado por Ley Nacional N° 27.701 (cf. art. 81). Se declare y resuelva que el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” está integrado por la suma de pesos ochenta y cinco mil millones ($ 85.000.000.000) como piso, con más un 211,4%, equivalente a la inflación producida durante el año 2023 (correspondiente al Índice de Precios al Consumidor para el año 2023, publicado por INDEC) o el sistema de actualización y preservación del valor del Fondo que el Tribunal considere adecuado.

Se disponga la asignación que, del Fondo referido, corresponde a las empresas y/o municipios que brindan el servicio de transporte público de pasajeros urbano y suburbano. Se condene al Estado Nacional a transferir las sumas de dinero correspondientes a los puntos a), b) y c) de la pretensión, mensualmente y con puntualidad. Se disponga la convocatoria al “Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros”, o se condene al Estado Nacional a realizarla. Se deje sin efecto y se declare inválida toda vía de hecho, acto o norma que elimine o restrinja el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” y su distribución entre los beneficiarios legales.

Se declare el derecho de los usuarios con base en el artículo 42 de la Constitución Nacional a que el Estado Nacional ejecute el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” de modo que la tarifa del transporte público de pasajeros urbano e interurbano, sea justo y accesible a los ingresos de los usuarios; y, h) De ser necesario, se declare la invalidez constitucional y convencional de todo acto o norma o vía de hecho del Estado Nacional demandado que modifique el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” y/o afecte la ecuación económica financiera del servicio público de transporte conforme fue previsto por las autoridades concedentes y/o afecte los derechos de los usuarios al acceso al servicio en condiciones de calidad y precio razonables. Esto es, accesibles para el nivel de ingresos medios, de modo que permitan el acceso al trabajo, la educación y la vida digna, con arreglo a las garantías establecidas por los artículos 1, 14, 14 bis, 16, 17, 19, 33, 42, 75 incs. 18, 19 y 22, y concs. de la Constitución Nacional.

Como es de público conocimiento, el gobierno nacional ha interrumpido las transferencias a las provincias suspendiendo el Fondo que hace a este instrumento fundamental para el desarrollo social. La medida afecta directamente a millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica (destroza) el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que tienen riesgo de desaparecer.

El inminente inicio del ciclo lectivo 2024 conlleva la necesidad de utilización diaria del sistema de transporte público de pasajeros para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, asistentes escolares que, junto con trabajadores y jubilados, también deben trasladarse cada día.

De tal manera, la quita de subsidios del Estado Nacional al sistema de transporte público de
pasajeros urbano y suburbano significará una mayor tarifa para ellos que, de incrementarse según
los valores que públicamente se informan ,será impagable para los ciudadanos, especialmente los
más vulnerables

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