La semana que culmina fue el epicentro de la agenda política argentina. Tras un año marcado por tensiones legislativas, negociaciones contrarreloj y cruces ideológicos, el Congreso dio sanción definitiva al Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei.
Aprobado ayer en el Senado con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, después de una sesión maratónica de más de ocho horas, este proyecto representa no solo una hoja de ruta económica para el año venidero, sino un triunfo político significativo para el oficialismo de La Libertad Avanza.
En un contexto donde el gobierno había gobernado los últimos dos años prorrogando el presupuesto de 2023, esta ley llega como un bálsamo de previsibilidad institucional que anticipa buenas reacciones de los mercados, aunque no exento de controversias.
El debate en el Senado, que siguió a la media sanción obtenida en Diputados a mediados de diciembre, expuso las fracturas del sistema político argentino. El proyecto, que proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para fin de 2026, consolida el compromiso con el superávit fiscal: un primario del 1,2% y un financiero del 0,3%.
Estas cifras, optimistas frente a las proyecciones privadas que estiman un crecimiento más moderado alrededor del 3%, reflejan la apuesta del Ejecutivo por una recuperación sustentada en el orden macroeconómico mas que en el bolsllo de los argentinos.
El camino no fue sencillo. La oposición kirchnerista, liderada por figuras como José Mayans, denunció un “ajuste brutal” en áreas sensibles como educación y salud, mientras que algunos dialoguistas pusieron reparos en artículos específicos, como el 30, que elimina pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y defensa.
Precisamente, las diferencias internas en la Unión Cívica Radical (UCR) merecen un análisis detenido, porque desvelan la complejidad de las alianzas en un Congreso híper fragmentado. El radicalismo, tradicionalmente un actor clave en el equilibrio de fuerzas, llegó al debate dividido.
En el Senado, donde cuenta con 10 bancas, todos acompañaron al oficialismo en la aprobación general, pero solo 7 en el polémico Capítulo II, que incluye el artículo 30. Eduardo Vischi, presidente del bloque, justificó el respaldo argumentando la necesidad de previsibilidad económica y el control congressional posterior.
Sin embargo, tres legisladores –Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Koreberger– rechazaron ese capítulo, defendiendo los pisos de inversión en educación, ciencia y defensa y el Fondo para Escuelas Técnicas como conquistas irrenunciables. Abad, con su historial en el impulso del financiamiento universitario, encarnó y encabezó la resistencia interna, criticando que eliminar esos mínimos institucionaliza recortes que afectan el desarrollo a largo plazo.
Esta fractura no es nueva en la UCR, que oscila entre el diálogo constructivo con el gobierno y la preservación de banderas históricas como la educación pública que lo ubican en las antípodas de Milei. En un año donde el radicalismo busca redefinir su identidad post-electoral, estas divisiones exponen tensiones entre pragmatismo –apoyar para influir– y principios ideológicos. No obstante, el acompañamiento mayoritario facilitó la sanción, evidenciando que, en momentos clave, prevalece la presunta responsabilidad institucional sobre las discrepancias internas. Esta dinámica, lejos de debilitar al partido, podría fortalecerlo si logra canalizarla hacia una oposición más homogénea en 2026, pero claramente atraviesa una crisis de identidad y de representación.
Más allá de las vicisitudes partidarias, la aprobación del Presupuesto 2026 trae beneficios concretos y profundos para el gobierno de Milei.
En primer lugar, ofrece previsibilidad institucional, un bien escaso en la Argentina reciente. Por primera vez en su mandato, el Ejecutivo cuenta con una ley de gastos avalada por el Congreso, lo que elimina la discrecionalidad absoluta de las prórrogas presupuestarias y fortalece la gobernabilidad. Esto no es menor: gobernar por decreto en materia fiscal, reconduciendo el Presupuesto, genera incertidumbre y litigiosidad, como se vio en los últimos años.
En segundo lugar, envía una señal potente a los mercados y organismos internacionales. El FMI y inversores extranjeros exigían esta norma como prueba de compromiso con el equilibrio fiscal. Con superávit proyectado y sin nuevos impuestos, el presupuesto blinda el plan económico de Milei y Caputo, facilita el acceso a financiamiento externo -necesario para pagar los vencimientos de deuda a corto plazo- y reduce el riesgo país. En un contexto global volátil, esta estabilidad atrae capitales y apuntala la recuperación que pretende el gobierno.
Tercero, consolida el superávit como regla innegociable. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, lo definió como “el primer presupuesto con déficit cero en décadas”. Esto no solo valida el ajuste implementado en 2025, sino que impone una disciplina fiscal que, si se sostiene, puede romper el ciclo de crisis recurrentes. El gobierno gana margen para reasignar recursos hacia prioridades como la reducción de subsidios energéticos o el incentivo a la inversión privada, sin el fantasma del gasto descontrolado.
Esta victoria circunstancial cierra el año con un mensaje de fortaleza desde la Casa Rosada.
Tras las elecciones de medio término, donde La Libertad Avanza amplió su representación, la sanción demuestra capacidad de negociación con aliados como el PRO, bloques provinciales y sectores dialoguistas del peronismo. Fracturó incluso al interbloque opositor, con guiños inesperados que diluyeron al peronismo en ambas cámaras. Para Milei, es un espaldarazo que proyecta orden fiscal hacia 2026, año de desafíos como la renovación de acuerdos con el FMI y la consolidación del crecimiento.
No todo es celebración, claro. La oposición advierte que las proyecciones son “ilusorias” –con inflación subestimada y recortes en áreas sociales– y que la discrecionalidad persiste en ciertos artículos. En el balance, el Presupuesto 2026 marca un punto de inflexión. En palabras de Bullrich durante el debate: “No votamos números, votamos si el país vuelve a creer en sí mismo”. Con esta ley, el gobierno de Milei gana tiempo y herramientas para intentarlo. El año que viene dirá si esa creencia se traduce en resultados concretos para los argentinos.
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