El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue procesado con prisión preventiva, que no se hará efectiva por la inmunidad de arresto que le otorga su cargo, en el marco de una investigación por una maniobra judicial que permitió la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo cambiario. La decisión fue adoptada este viernes por el juez Carlos Vera Barros, quien también dictó medidas contra otros dos imputados.
Junto a Salmain fueron procesados el financista Fernando Whpei, con prohibición de salida del país, y el operador judicial Santiago Busaniche. En los tres casos, el magistrado dispuso embargos sobre sus bienes por el equivalente a 200 mil dólares, como parte de la causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada a delitos económicos y funcionales.
Según la resolución judicial, los hechos se remontan a una maniobra diseñada entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para habilitar, vía medida cautelar, la salida al exterior de 10 millones de dólares. El expediente se tramitó en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, entonces a cargo de Salmain, y tuvo como eje una demanda impulsada por Attila Fideicomisos SRL contra resoluciones del Banco Central de la República Argentina que restringían el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, Whpei “utilizó su influencia y poder económico” para que Salmain y Busaniche direccionaran el proceso judicial en su favor, beneficiando a empresas vinculadas al fideicomiso. El objetivo era comprar dólares al valor oficial y luego volcarlos al mercado paralelo, obteniendo una ganancia millonaria por la diferencia cambiaria.
La Fiscalía sostuvo que, a cambio de esa intervención, Salmain y Busaniche solicitaron el pago del 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, una suma estimada en unos 200 mil dólares. En ese contexto, se acreditó al menos una reunión previa entre Salmain y Whpei, el 2 de octubre de 2023, en el despacho del magistrado, donde se analizaron los pasos de la presentación judicial.
El expediente avanzó con una serie de resoluciones firmadas por Salmain entre noviembre y diciembre de 2023. Entre ellas, se destacó un decreto que dio por vencidos plazos que aún no habían expirado y una resolución que concedió la medida cautelar solicitada. Frente a los recursos presentados por el Banco Central, el juez rechazó los planteos y habilitó la ejecución inmediata de la orden.
La maniobra comenzó a desmoronarse tras una corrida bancaria ocurrida en diciembre de 2023 y un conflicto interno entre los propios imputados por el reparto del dinero. Meses después, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sostuvo que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”, lo que terminó de reforzar la hipótesis fiscal.
Con ese respaldo, el Ministerio Público concluyó que Salmain, Whpei y Busaniche “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”. Al magistrado se le atribuyen, además del cohecho, los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, mientras avanza en paralelo el proceso que podría derivar en su destitución.
Comentarios