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Política

Propiedad privada, jueces y deuda: los temas clave del Senado este jueves

La Cámara alta debatirá iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y analizará medio centenar de pliegos judiciales. El pedido de retiro del pliego de Michelli quedó para la próxima semana.

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con una agenda impulsada por el oficialismo que incluye el tratamiento de proyectos considerados estratégicos por el Gobierno nacional y una amplia tanda de nombramientos judiciales. Sin embargo, el debate sobre el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, fue postergado para la próxima semana.

La decisión fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí se resolvió dar ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar la postulación de Michelli, aunque la definición sobre ese planteo quedará para una nueva sesión.

La candidatura de Michelli generó una fuerte controversia dentro de La Libertad Avanza. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la senadora Patricia Bullrich le comunicó al Presidente que no acompañaría el retiro del pliego e incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario.

La postura de Bullrich encontró respaldo en sectores de la oposición dialoguista, habituales aliados del oficialismo en la construcción de mayorías parlamentarias. Tras varios días de tensión, la situación se encauzó luego de una reunión entre la legisladora y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada.

Avanzan 50 nombramientos para la Justicia Federal

Durante la sesión, el oficialismo buscará aprobar 50 pliegos de jueces federales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Entre los nombramientos que serán tratados figura el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. También aparecen los nombres de Laureano Durán, Juan Pablo Moldes, Javier Arzubi Calvo y Ana María Juan, entre otros candidatos.

En cambio, otros 23 pliegos quedarán pendientes. Entre ellos se encuentran los de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuestionados por supuestos vínculos con dirigentes de la AFA, además del de Juan Manuel Mejuto, señalado por sectores del oficialismo y la UCR por su cercanía al kirchnerismo.

Propiedad privada y cambios en expropiaciones

Otro de los puntos centrales del debate será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La iniciativa propone modificaciones al Código Civil y Comercial, al régimen de expropiaciones y a las normas sobre desalojos. Entre otros cambios, elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego y redefine los criterios para calcular indemnizaciones por expropiación.

Además, establece que el Estado no podrá tomar posesión de un bien sin haber abonado previamente la totalidad de la compensación correspondiente y fija límites más estrictos para las ocupaciones temporarias y los procesos de regularización dominial.

Desde el Gobierno sostienen que la propuesta apunta a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una mayor protección de la propiedad privada.

El acuerdo con los bonistas, otro tema clave

La Cámara alta también analizará el acuerdo alcanzado con acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda realizados tras el default de 2001 y que mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos.

El entendimiento contempla el pago de 171 millones de dólares para cerrar las causas abiertas y poner fin a un conflicto judicial que se prolongó durante más de dos décadas.

El acuerdo fue negociado ante los tribunales de Nueva York e involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor. Según lo pactado, Bainbridge recibirá 67 millones de dólares, mientras que el grupo Attestor cobrará otros 104 millones.

La aprobación legislativa es un requisito indispensable para que el convenio entre en vigencia y permita cerrar definitivamente los reclamos vinculados con títulos de deuda emitidos antes del 1° de enero de 2002.

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