El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.
La exposición tendrá lugar en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezado por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de ambos espacios legislativos.
Durante su presentación, el funcionario detallará los objetivos de la propuesta oficial, orientada a fortalecer el derecho de propiedad, acelerar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones sancionadas durante gobiernos anteriores.
Uno de los puntos principales del proyecto contempla cambios en el régimen de expropiaciones, mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema mantiene las garantías del debido proceso y el control judicial, aunque elimina demoras que, según remarcan, terminan perjudicando a los propietarios.
Entre los aspectos más sensibles de la iniciativa aparece la eliminación de las restricciones vigentes para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales.
La normativa actual, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad extranjera sobre tierras, pero el Gobierno considera que esas disposiciones funcionaron como un freno para la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.
En ese sentido, el proyecto propone focalizar los controles únicamente en operaciones que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el argumento de preservar la soberanía y la seguridad nacional.
La propuesta también avanza sobre modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020. El texto oficial deroga artículos clave que impedían durante décadas la venta de tierras afectadas por incendios y prohibían el cambio de uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.
Desde la Casa Rosada argumentan que esas restricciones, pensadas originalmente para proteger los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin garantizar una protección ambiental efectiva.
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