La Justicia investiga una trama que combina muertes sospechosas, robo de medicamentos hospitalarios y fiestas clandestinas con anestésicos en la Ciudad de Buenos Aires. El caso, conocido como “Propofest”, tiene dos expedientes principales: uno por el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar y otro por la sustracción de fármacos del Hospital Italiano.
El primer hecho ocurrió el 20 de febrero, cuando Zalazar fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo. La autopsia determinó que murió por congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, producto del consumo de propofol y fentanilo, drogas de uso médico. A partir de ese hallazgo, la Justicia abrió una causa por muerte dudosa para determinar cómo, cuándo y en qué contexto ocurrió el fallecimiento.
En paralelo, el hospital denunció el faltante de medicamentos, lo que dio origen a otra investigación por administración fraudulenta, que apunta a dos profesionales de la salud: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes fueron imputados, indagados y tienen prohibición de salir del país.
El origen: una muerte que destapó todo
Cuando la Policía ingresó al departamento de Zalazar, encontró insumos médicos y fármacos pertenecientes al hospital. Ese dato fue clave: tres días después, la institución realizó la denuncia formal y comenzó una investigación interna.
Desde el centro de salud confirmaron su accionar: “Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la irregularidad, el Hospital actuó de manera inmediata: realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia, adoptó medidas preventivas y reforzó los controles sobre el circuito de medicamentos sujetos a fiscalización especial”.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, que busca establecer si la muerte del anestesista está vinculada con una red más amplia.
Fiestas clandestinas y “viajes controlados”
La investigación reveló la existencia de encuentros privados conocidos como “Propofest” o fiestas del propofol, donde médicos consumían anestésicos con fines recreativos y sexuales.
En estas reuniones se ofrecían los llamados “viajes controlados”, en los que un profesional supervisaba la administración de drogas intravenosas mediante bombas de infusión, preparado para intervenir ante emergencias. Especialistas advirtieron que el riesgo es extremo: una leve variación en la dosis puede provocar depresión respiratoria o paro cardíaco.
Además, los investigadores detectaron chats y redes sociales donde se organizaban los encuentros y circulaban invitaciones, así como mensajes posteriores a la muerte de Zalazar.
En la causa por administración fraudulenta, el juez Martín Sánchez Sarmiento ordenó allanamientos en los domicilios de los acusados. Allí se secuestraron jeringas, analgésicos y otros elementos médicos. El hospital decidió apartarlos de sus cargos mientras avanza la investigación y reforzó los controles internos.
También quedó bajo la lupa la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, cuya sede fue allanada. Su abogado, Eduardo Gerome, explicó: “La entidad se presentó como denunciante y acompañó toda la información que era necesaria”.
Por su parte, la gerente Gisela Vila aclaró: “La asociación no maneja ni almacena fármacos”, y remarcó que el control corresponde a cada hospital.
Un nuevo caso que enciende las alarmas
En las últimas horas, apareció un nuevo episodio que podría estar vinculado. Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto en su departamento de Palermo, con más de 50 ampollas de medicamentos, entre ellos propofol y fentanilo.
El hallazgo se produjo luego de que su hermana denunciara su desaparición. La Policía encontró el cuerpo sentado, con sangre en la boca y sin signos vitales, junto a jeringas, guantes y tres teléfonos celulares. No había signos de violencia. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°21, encabezada por Carlos Alberto Vasser, que investiga si murió por intoxicación y si estaba solo al momento del hecho.
Mientras el celular de Zalazar es peritado para reconstruir sus vínculos y comunicaciones, la Justicia intenta determinar el alcance real de la red, si hubo más participantes y cómo circulaban los medicamentos fuera del sistema legal.
Por ahora, Boveri y Lanusse son los únicos imputados, pero los investigadores no descartan nuevas responsabilidades en una causa que expone una combinación alarmante: profesionales de la salud, drogas hospitalarias y prácticas clandestinas de alto riesgo.
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