El debate por los destrozos ocasionados en los alrededores del Congreso cruzó hacia el interior del Parlamento y ahora los identificados podrían perder algunos “beneficios”. El diputado de rosarino, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley para “prohibir el cobro de asignaciones, subsidios o planes sociales a los destructores del patrimonio público”.
“Dañar el patrimonio público es un delito que tiene una pena de 3 meses a 4 años de prisión; y el que incurra en él un delincuente que no debería ser premiado. El Estado está para hacer cumplir la ley y proteger a los argentinos”, manifestó Chumpitaz. En diálogo con Sebastián Soso, el legislador dijo: “Proponemos aumentar las penas, para que sean de 4 a 8 años”. Y añadió: “Además, una ley anti vandalismo para que quienes tienen planes sociales los pierdan y quienes no los tienen, tengan que hacer trabajo comunitario”.
“Llegó la hora de frenar los atropellos, proteger nuestras instituciones e imprimir un marco de rigurosidad inflexible ante lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo legal y lo ilegal”, sostuvo el especialista en seguridad. Y agregó: “Lo mismo sucede con violadores, asesinos y otros delincuentes. Es un contrasentido que el Estado permanezca otorgando dinero a quienes atentan contra la paz social”.
El pasado jueves, los alrededores del Congreso Nacional volvieron a presenciar incidentes violentos. Esta vez entre efectivos de la policía y los manifestantes de agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales que durante su manifestación provocaron serios daños a la fachada del parlamento, lanzaron bombas molotov y atacaron las oficinas del Senado.
Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio explicó: “Tienen el derecho constitucional de manifestarse, pero no de agredir, violentar, dañar el mobiliario público e intentar asesinar a los efectivos de la policía, como hicieron al lanzarles bombas molotov”.
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“Esas son prácticas delictivas y exigimos que a los protagonistas se les suspenda todo tipo de beneficio social entregado por el Estado de forma inmediata y por el lapso que dure su condena y hagan efectivo el pago de las correspondientes multas”.
Para finalizar, Chumpitaz manifestó conocer que encontrará diversas dificultades a la hora de avanzar con su proyecto pero que: “No bajará los brazos ni sucumbirá ante el dedo acusador de algunos sectores kirchneristas que en 2017 alentaban a los violentos y hoy los repudian. La ley no es ley solo cuando me conviene. Hacerla respetar es mi compromiso”.
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