El Gobierno de Provincia de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley orgánica de municipios que propone cambios estructurales en el régimen de gobierno local, con la premisa de adaptar la legislación vigente a la nueva reforma constitucional y reducir el costo político municipal.
La iniciativa, que ya empezó a generar debate entre distintos sectores políticos, introduce reglas comunes para todos los municipios y regula cuestiones que ahora estaban dispersas.
Uno de los ejes principales del proyecto es la reconfiguración del tamaño de los concejos municipales en función de la población de cada ciudad, excepto en Rosario y Santa Fe, que mantendrían su actual cantidad de ediles de forma transitoria hasta la redacción de sus cartas orgánicas.
El proyecto también plantea que se pueda acceder a la función de concejal desde los 18 años, sin exigencias de edad mayores, en un intento por ampliar la participación juvenil en la vida política municipal.
Para iniciar el proceso se requerirá el respaldo del 60% del padrón en municipios de hasta 5.000 habitantes, del 50% en localidades entre 5.000 y 30.000 habitantes, y del 40% en ciudades más grandes; para que prospere, además, deberá ser avalada por más del 60% de votantes en los municipios más pequeños y al menos el 50% del padrón en el resto.
La norma también ordena y define competencias del Departamento Ejecutivo y del Concejo, regula el funcionamiento básico de la administración local, y fija criterios generales para la sanción de ordenanzas.
Además, funcionaría como marco legal permanente para los municipios que decidan no avanzar en la redacción de una carta orgánica, evitando vacíos institucionales y garantizando un piso común de reglas en todo el territorio provincial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión local y adecuar la representación política a la escala de cada ciudad, reduciendo gastos. Sin embargo, ya surgieron miradas críticas que advierten que una reducción de bancas podría implicar menos pluralidad política y una mayor concentración de poder en manos de los intendentes.
La iniciativa, complementaria de la reforma constitucional sancionada en septiembre, deberá ser discutida y aprobada por ambas cámaras de la Legislatura durante 2026.
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