El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo a la adhesión provincial a la Ley de Crimen Organizado N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, una herramienta que apunta a endurecer la persecución penal contra organizaciones criminales.
El proyecto, presentado por la diputada Ximena Sola, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y podría ser aprobado en las próximas horas por el Senado provincial.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la adhesión permitirá fortalecer las políticas de seguridad y avanzar en un esquema más eficaz para enfrentar el delito organizado. En ese sentido, el gobernador Pullaro ya había tenido un rol activo durante el debate de la norma a nivel nacional, donde pidió “no tener miedo” a impulsar reformas profundas en materia criminal.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la iniciativa “representa una señal clara” en la lucha contra el crimen. “La adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales”, afirmó, y agregó que será “una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”.
El funcionario también planteó un cambio de enfoque en materia de seguridad: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.
Un nuevo enfoque contra el delito organizado
La adhesión a la Ley Antimafia permitirá incorporar herramientas más robustas para investigar delitos complejos, con mayor articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.
Entre los principales puntos, la normativa prevé el agravamiento de penas para delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en quienes ejecutan los hechos, sino también en quienes los financian, organizan o dirigen.
Además, contempla el uso de técnicas especiales de investigación, una mayor cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de estas estructuras.
Desde el Gobierno provincial señalaron que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un esquema que muchas veces resultó insuficiente a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz frente al delito.
En ese marco, la iniciativa también garantiza que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan sus competencias, al tiempo que se refuerza la coordinación con organismos nacionales para abordar el crimen organizado de manera integral.
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