En el contexto del anuncio del Gobierno Nacional de incluir el proyecto de Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso, y atravesado por el impacto social que generó el crimen de Jeremías Monzón, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reafirmó este lunes en Rosario su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad. El mandatario sostuvo que la legislación vigente quedó desfasada frente a la gravedad de los delitos actuales y apuntó contra las organizaciones criminales que, según afirmó, utilizan a menores para ejecutar hechos violentos.
Pullaro habló ante la prensa en la ciudad de Rosario, donde fue categórico al plantear que los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder penalmente. “Tenemos que adaptar la norma a los tiempos que corren; los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagar por el delito y no por su edad”, expresó. En esa línea, insistió en que la discusión no puede seguir postergándose y debe darse en el plano legislativo nacional.
El gobernador también explicó por qué considera urgente la modificación del régimen penal juvenil. “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es real que una persona de 14 años no tenga una completa comprensión de sus actos cuando lleva a cabo un acto homicida”, sostuvo.
Además, agregó: “Hay organizaciones criminales que se cubren para que un menor cometa delitos. Tenemos que adaptar la norma a los tiempos que corren y los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlo por el delito y no por su edad”.
En su argumentación, Pullaro recordó otros casos resonantes ocurridos en Rosario que, a su entender, exponen las limitaciones del sistema actual. Entre ellos mencionó el crimen de Juan Cruz Ibáñez, asesinado el 29 de junio de 2018 mientras dormía en su departamento de Zeballos al 2100. El autor del homicidio, Lucas Ezequiel Ojeda, tenía 17 años al momento del hecho y atacó a la víctima con 26 puñaladas antes de huir con objetos de valor.
Ese expediente volvió a ser noticia en diciembre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la condena de 23 años de prisión dictada en segunda instancia contra Ojeda. El máximo tribunal provincial consideró que la Cámara había aplicado de manera incorrecta la escala penal y ordenó que el joven sea juzgado nuevamente, con una pena que no podrá superar los 15 años de cárcel, en función de la normativa vigente para adolescentes punibles. El caso ya había tenido una primera condena de 17 años en 2022, luego apelada por la fiscalía y la familia de la víctima.
El caso Jeremías Monzón:
Las declaraciones del gobernador se dieron además en medio del fuerte impacto que generó el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en diciembre de 2025 en la provincia de Santa Fe. El crimen ocurrió el 18 de diciembre y el cuerpo fue hallado tres días después, el 21, en un galpón abandonado del barrio Chalet, cerca del estadio de Colón, tras haber recibido entre 20 y 23 heridas cortopunzantes.
La causa sumó en las últimas horas un giro clave con la detención de la madre de una de las adolescentes acusadas. Por orden del fiscal Francisco Cecchini, la Justicia santafesina arrestó a la mujer, señalada como una posible autora intelectual o colaboradora necesaria en la planificación o ejecución del crimen. La joven de 16 años, novia de la víctima, permanece imputada como coautora de homicidio triplemente agravado y alojada en un instituto de menores de Rosario.
La investigación determinó que en el ataque participaron al menos tres menores de edad. Además de la adolescente imputada, fueron identificados dos chicos de 14 años que intervinieron en el hecho pero que no pueden ser juzgados penalmente por ser inimputables según la legislación actual. Este punto reavivó con fuerza el debate público sobre la edad de imputabilidad y el alcance de las sanciones frente a delitos de extrema violencia.
El caso generó una profunda conmoción social, acentuada por la filtración y viralización de un video que registra las torturas y el homicidio. El abogado de la familia de Jeremías denunció amenazas y reclamó medidas urgentes para frenar la difusión de las imágenes y sancionar a los responsables. En paralelo, familiares, amigos y vecinos se movilizaron en Santo Tomé para exigir justicia.
En ese escenario, Pullaro volvió a cuestionar lo que definió como una visión “garantista” del derecho penal juvenil. “Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Hay que ser muy claros contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la Argentina”, afirmó, y marcó una diferencia ideológica al señalar que, desde su perspectiva, “el que comete un delito lo tiene que pagar”.
Finalmente, el gobernador también se refirió a su vínculo con el Gobierno Nacional y con el presidente Javier Milei, en momentos en que la Casa Rosada impulsa el debate legislativo. Señaló que mantiene una buena relación institucional, pero aclaró que su prioridad es defender los intereses de la provincia. “Si hay una modificación que baje los tributos de carácter coparticipable, la provincia lo va a acompañar. Cuando presentamos nuestra tributaria, tuvimos una rebaja impositiva única en Argentina que apuesta al fortalecimiento de las pymes y a la generación de empleo”, concluyó.
Comentarios