La detención en Brasil de la abogada argentina Agostina Páez, imputada por injuria racial tras un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, volvió a poner en escena a su padre, el empresario del transporte Mariano Ernesto Páez, una figura que ya había sido noticia en la Argentina a fines de 2025 por una causa judicial de alto impacto vinculada a violencia de género, amenazas y denuncias cruzadas por presunta extorsión.
Mientras la Justicia de Río de Janeiro resolvió otorgarle la libertad ambulatoria a la joven de 29 años, con el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del estado, el apellido Páez volvió a resonar en la agenda pública. Esta vez, no solo por la situación procesal de la abogada, sino por el pasado reciente de su padre, detenido en noviembre de 2025 y aún involucrado en un expediente penal complejo.
Mariano Páez, empresario del rubro transporte, fue detenido el 10 de noviembre de 2025 acusado de haber agredido físicamente y amenazado de muerte a su entonces pareja, la abogada Estefanía Budán. La causa quedó radicada bajo el Legajo Fiscal Nº 34487/2025 y fue instruida por el fiscal Diego Cortés Ledesma, quien lo imputó por los delitos de amenazas simples y lesiones leves calificadas.
Según la denuncia presentada por la víctima, el episodio se produjo el 5 de noviembre, cuando Páez habría reaccionado de manera violenta luego de que Budán asistiera a un boliche con amigas. En su declaración, la mujer relató que fue agredida, que permaneció encerrada en un baño durante aproximadamente una hora y que recibió amenazas. Tras permanecer internado bajo custodia policial, el empresario recibió el alta médica y fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 2, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
Días después, la causa sumó un giro inesperado. A través de sus abogados defensores, Luis Barraza y Javier Leiva, Páez denunció una presunta extorsión y sostuvo que la denunciante habría exigido un resarcimiento económico de 20 millones de pesos o la entrega de tres departamentos para modificar su postura en el proceso judicial. Esa presentación dio origen a una causa paralela, registrada bajo el número 3666/2025.
En su declaración del 14 de noviembre de 2025, el empresario aseguró haber recibido llamados de personas vinculadas a Budán solicitando dinero y afirmó que la propia denunciante condicionó la continuidad de la denuncia a un acuerdo económico. Según la defensa, incluso se habría producido una reunión en un hotel céntrico entre un representante de la denunciante y miembros del equipo legal de Páez, donde se planteó esa posibilidad. Los abogados del empresario interpretaron ese planteo como un posible delito de extorsión y solicitaron que el expediente se acumule a la causa principal.
El conflicto judicial se amplió aún más cuando el abogado Leandro Jiménez denunció a Mariano Páez. Según su presentación, el empresario lo habría contactado telefónicamente para proponerle un acuerdo económico en nombre de la víctima. Jiménez afirmó que, tras rechazar esa propuesta, recibió amenazas de muerte y que Páez manifestó disponer de 80.000 dólares para contratar a alguien que lo matara si no abandonaba su rol como querellante. Esa acusación derivó en una audiencia específica ante la jueza de Control y Garantías, María Carolina Salas.
En paralelo, una de las hijas de Mariano Páez presentó una denuncia solicitando que el conflicto judicial entre los adultos no involucrara al resto del grupo familiar, en un contexto que ya mostraba un fuerte nivel de exposición pública y tensión interna.
Ese antecedente volvió a tomar relevancia en las últimas horas, cuando Mariano Páez habló públicamente como padre de Agostina Páez tras la detención de la joven en Brasil. “Me siento aliviado, porque para mí todo eso fue una pesadilla”, expresó luego de que la Justicia carioca revocara la prisión preventiva de su hija.
El empresario relató que el episodio en el bar de Ipanema se originó por un malentendido con la cuenta y reconoció que no avala el gesto que realizó su hija, aunque sostuvo que existió una escalada de violencia. “No estoy de acuerdo con las señas que hizo ella, pero sé que hubo una reacción y una contra reacción. Todo fue muy violento”, afirmó.
También describió los momentos de angustia que vivió tras la detención. “Yo estaba muy asustado cuando ella me llamó y me dijo que la habían detenido”, recordó. Días después, según su testimonio, la joven denunció que personas desconocidas ingresaron por la fuerza a su departamento en Río de Janeiro. “Ella entró en pánico y me dijo: ‘Papá, me van a matar, me andan buscando’. Temí por la vida de ella”, sostuvo.
Actualmente, Agostina Páez permanece en un departamento dentro de un barrio privado de Río de Janeiro, con custodia electrónica y prohibición de salir del estado, mientras avanza la investigación por injuria racial, un delito que en Brasil prevé penas de dos a cinco años de prisión. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva por riesgo de fuga e intimidación a testigos, aunque la Justicia optó por imponer medidas cautelares.
“Ella es una chica muy tranquila”, dijo su padre. “Es una abogada joven, con poca experiencia. También es influencer y ya hizo publicidad para varios negocios”. Además, cuestionó la utilización de la imagen de su hija por parte de la Policía Civil de Río de Janeiro en una campaña de antirracismo: “No puede haber tanto exceso de hacer una campaña publicitaria con la cara de ella. Ella no quiere salir a ningún lado”.
Con este nuevo episodio internacional, el apellido Páez vuelve a quedar asociado a un entramado de causas judiciales, conflictos familiares y exposición mediática. Mientras la situación procesal de Agostina se define en Brasil, en la Argentina aún resuenan los antecedentes judiciales de su padre, un empresario del transporte cuya causa por violencia de género y denuncias cruzadas marcó el final de 2025 y hoy reaparece como telón de fondo de un nuevo escándalo.
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