Luego de la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una matriz social profundamente heterogénea que continúa vigente, marcada por grandes desigualdades en ingresos, acceso a oportunidades y estabilidad laboral. Así lo revela un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que analizó la situación de los hogares según su ubicación en la pirámide socioeconómica.
En el tercio superior se concentra un estrato compuesto por clases medias altas y altas, plenamente integradas a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad. Se trata de un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, que además puede planificar decisiones económicas a largo plazo.
Según el estudio, para integrar el 3% de mayores ingresos del país, un hogar necesita percibir al menos $30 millones mensuales. Más abajo se ubica el 7% correspondiente a la clase media alta, con ingresos desde $15 millones, seguido por un 20% de sectores medios integrados cuyo piso de ingreso es de $5 millones.
En el tercio intermedio aparece una amplia franja de clase media y media baja aspiracional, sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, pero con una estabilidad fuertemente condicionada por el ciclo económico. El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social, aunque convive con frustración, incertidumbre y desconfianza política frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas y la volatilidad del ingreso real.
Para pertenecer al 20% del estrato medio aspiracional se requiere un ingreso mínimo de $3,5 millones, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el piso se ubica en $2 millones.
En el tercio inferior de la pirámide se agrupan los sectores más vulnerables, insertos en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia. Este segmento enfrenta un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado y una fuerte dependencia de la asistencia estatal. El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Dentro de este grupo, el 20% del segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000, cifra que a la vez marca el límite máximo para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El informe también analiza el impacto de las políticas recientes y sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa. Si bien durante el segundo semestre de 2024 comenzó una moderación de los índices de pobreza e indigencia, la mejora observada entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria y no por una recomposición genuina del poder adquisitivo.
Finalmente, el ODSA advierte que, sin una estrategia explícita de inversión interna y externa orientada a expandir el entramado pyme, formalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad aún más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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