En medio de las negociaciones que la Casa Rosada mantiene para destrabar la reforma laboral en el Congreso, los gobernadores comenzaron a mover sus propias piezas. La semana próxima encabezarán una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con un foco claro: la caída de recaudación que, según estimaciones oficiales y privadas, sufrirían las provincias si se aprueba el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional.
El encuentro se dará en un contexto de creciente tensión entre Nación y las provincias, atravesado por el debate sobre impuestos coparticipables, la sostenibilidad de las cuentas locales y la necesidad de garantizar apoyos legislativos. Los mandatarios analizarán distintas alternativas para compensar una pérdida cercana a los cuatro puntos de recaudación, que tendría un impacto directo en los ingresos provinciales.
El principal punto de conflicto es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone una reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades. En concreto, el proyecto plantea bajar del 30% al 27% el tributo correspondiente a los tramos 2 y 3, y reducir del 35% al 31,5% la alícuota más alta. Se trata de un impuesto coparticipable, por lo que cualquier modificación impacta de manera directa en las arcas provinciales.
Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo fiscal para las provincias por este cambio sería de aproximadamente $3,18 billones. Ese número encendió las alarmas entre los gobernadores, que ahora buscan una salida política y fiscal que les permita acompañar el proyecto sin resignar recursos clave para sus gestiones.
Ante este escenario, los mandatarios provinciales evalúan exigir un mecanismo de compensación que quede incorporado en el texto de la ley y que rija de manera uniforme para todas las jurisdicciones. El objetivo es evitar que la eventual pérdida de recursos quede sujeta a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo nacional.
En ese sentido, una de las estrategias que se discutirán en el CFI apunta a limitar el peso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el instrumento mediante el cual el Ejecutivo distribuye fondos de manera discrecional entre las provincias. Para los gobernadores, depender de esos aportes profundiza las asimetrías y reduce la previsibilidad financiera.
Otra alternativa que será puesta sobre la mesa es avanzar con una reducción gradual de la alícuota del impuesto a las sociedades, de modo de amortiguar el impacto en la recaudación provincial. También se analiza la posibilidad de que el artículo 190 entre en vigencia recién a partir de 2027, lo que daría más margen a las provincias para reorganizar sus cuentas.
Una tercera opción en debate es reflotar el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Esa iniciativa propone eliminar fideicomisos y establecer un nuevo esquema de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, destinado a cubrir obligaciones previsionales nacionales.
Las distintas variantes serán analizadas en la cumbre del CFI y luego trasladadas al Gobierno nacional, que continúa con las gestiones políticas para sumar respaldos al proyecto. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este jueves una reunión con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes le transmitieron su preocupación por el impacto fiscal de la reducción del impuesto a las sociedades.
Tras el encuentro, Sáenz expresó: “Ellos tienen una agenda nacional que respetamos y acompañamos, y nosotros tenemos una agenda provincial, con realidades que no son las mismas. Acompañamos desde el principio este proceso de modernización laboral y planteamos algún tipo de cambios que seguramente se hablarán en la mesa política del Gobierno; esperemos que lleguemos a alguna solución”.
El gobernador salteño también advirtió sobre el contexto económico actual y remarcó que “la recaudación viene cayendo, con el IVA y la caída del consumo”, y que una reducción del impuesto a las Ganancias “golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias”.
Desde el Gobierno nacional, Santilli calificó como positivo el encuentro con los mandatarios provinciales y aseguró que se trabaja “en conjunto” con los gobernadores y con el ministro de Economía, Luis Caputo, para atender el reclamo por Ganancias. En esa línea, sostuvo: “Trabajamos sobre las cuentas fiscales de cada provincia, entendiendo que los argentinos queremos que haya baja de impuestos, como lo está llevando adelante el presidente Javier Milei”.
Mientras tanto, la discusión sigue abierta. Con el proyecto de reforma laboral aún en negociación y el respaldo legislativo en construcción, la pulseada por la recaudación se convirtió en uno de los ejes centrales del vínculo entre Nación y provincias, y la próxima reunión de gobernadores aparece como un capítulo clave en ese tablero.
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