El gobierno de Javier Milei avanza con una estrategia judicial para defender la reforma laboral luego de que un tribunal declarara inconstitucional uno de sus artículos centrales. La Procuración del Tesoro prepara la presentación de un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión del Ejecutivo llega después de que la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba dictara un fallo que cuestiona el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, una norma sancionada por el Congreso a fines de febrero.
El fallo fue firmado el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta, quien actuó como tribunal unipersonal dentro de la Cámara y consideró que la norma genera un trato desigual entre trabajadores.
El artículo cuestionado
El artículo 55 de la reforma laboral establece un mecanismo específico para actualizar créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva ley.
El esquema fija que la actualización se realice tomando como referencia la tasa pasiva publicada por el Banco Central de la República Argentina, y establece un piso equivalente al 67% del cálculo que resultaría del nuevo sistema basado en la inflación.
Según el magistrado, ese mecanismo diferencia entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus demandas judiciales, lo que podría afectar el principio de igualdad. En su resolución, el juez determinó que esa distinción vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que decidió dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso concreto.
Además, ordenó que la deuda laboral se actualice con el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece otra modalidad de cálculo para los créditos laborales.
La estrategia del Gobierno
Frente a esa decisión judicial, el Gobierno prepara un recurso extraordinario federal, que será presentado ante la misma Cámara que dictó el fallo. Ese tribunal deberá decidir si concede el recurso para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema, instancia que podría fijar un criterio definitivo sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado.
En el Ejecutivo aseguran que la defensa de la reforma laboral será coordinada en todos los frentes judiciales, ya que anticipan que la normativa enfrentará múltiples presentaciones judiciales en distintos puntos del país.
Dentro de la Casa Rosada, en Balcarce 50, consideran que la reforma laboral atravesará un proceso de judicialización similar al que enfrentaron otras leyes impulsadas durante la gestión. Por ese motivo, los equipos técnicos del Gobierno ya trabajan en una estrategia jurídica integral para responder a los distintos planteos judiciales que puedan aparecer.
En ese esquema, el oficialismo considera que los litigios de alcance colectivo serán los más relevantes, porque podrían impactar en la aplicación general de la norma.
En el Gobierno creen que la discusión terminará inevitablemente en la Corte Suprema, donde esperan que el máximo tribunal establezca un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos más cuestionados de la reforma laboral.
Mientras tanto, el Ejecutivo anticipa que defenderá la ley en cada instancia judicial, en un escenario que anticipa una larga disputa legal sobre uno de los cambios más debatidos del nuevo esquema laboral argentino.
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