El Gobierno nacional acelera por estas horas la definición de su estrategia judicial para apelar el fallo que suspendió provisoriamente 83 artículos de la reforma laboral, tras una presentación impulsada por la CGT. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, que hizo lugar a una medida cautelar contra el Estado.
El eje de la discusión dentro del oficialismo pasa por definir en qué fuero se realizará la apelación: si en el laboral, donde se originó el fallo, o en el contencioso administrativo, una alternativa que gana fuerza en la Casa Rosada. La definición aún no está cerrada, aunque el tema concentra reuniones y contactos permanentes.
Detrás de la estrategia judicial trabajan la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, y la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, con respaldo del Ministerio de Capital Humano. En tanto, el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques se mantiene al margen de estas gestiones.
Durante el martes, la sede de Balcarce 50 fue escenario de múltiples reuniones, en las que participaron funcionarios clave como el asesor presidencial Santiago Caputo, analizando los pasos a seguir. Desde el oficialismo admiten que la decisión aún no está tomada: “Todavía no está definido, lo estamos hablando”, señalaron fuentes cercanas a las negociaciones.
En el análisis interno, cobra relevancia un antecedente reciente: hace tres semanas, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavié Pico, rechazó una medida cautelar presentada por la CGT contra artículos de la misma ley.
Ese fallo favorable al Gobierno impulsa a algunos sectores a optar por ese fuero, al considerarlo un terreno más propicio. Incluso, desde el ámbito gremial dan por hecho ese camino y advierten que el oficialismo buscará minimizar riesgos judiciales.
El conflicto no solo se limita al plano judicial. También expone tensiones dentro del propio oficialismo, donde algunos sectores observan que la disputa por la estrategia legal se cruza con internas políticas, especialmente entre figuras cercanas al poder. En ese marco, el rol de Karina Milei y del entorno presidencial aparece como un factor de peso, mientras que el área de Justicia queda relegada en la toma de decisiones.
Del lado gremial, el fallo fue celebrado como un triunfo. A la decisión que suspendió parte de la reforma laboral se suma otra medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, que frenó la aplicación de los artículos 131 y 133 tras una presentación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
Esa resolución ordena al Estado no aplicar cambios que afectaban la ultraactividad de los convenios colectivos y los aportes sindicales, garantizando la continuidad de los acuerdos vigentes.
El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, fue contundente: “El fallo fue un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos”.
Con fallos adversos y presión sindical en aumento, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en torno a su reforma laboral, una de las iniciativas clave de su agenda. Mientras se define la vía judicial para apelar, el desenlace del conflicto marcará el rumbo de una discusión que combina derechos laborales, estrategia política y pulseada con los gremios.
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