
La reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce una batería de cambios estructurales en las relaciones de trabajo. El proyecto redefine el cálculo de indemnizaciones, habilita nuevas modalidades de contratación, amplía la jornada laboral y suma sectores considerados esenciales en caso de huelga. Sin embargo, también deja fuera algunos puntos que habían generado fuerte expectativa y rechazo en el debate previo.
Indemnizaciones y juicios laborales
Uno de los cambios centrales es la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido: se excluyen del monto el aguinaldo, las vacaciones y los premios. Además, las empresas podrán abonarlas en cuotas —hasta seis en el caso de grandes compañías y hasta doce para pymes— y se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
En caso de litigio, la actualización de las indemnizaciones deberá respetar un índice equivalente al IPC más un 3%, buscando establecer un criterio uniforme para la recomposición de los montos.
Vacaciones más flexibles
El proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos no menores a siete días y establece que los turnos podrán ser rotativos. Cada trabajador deberá contar con un período de descanso en verano al menos una vez cada tres años.
Salarios y nuevas modalidades
Los salarios podrán pagarse en pesos o en moneda extranjera. También se incorpora la figura del “salario dinámico”, vinculado al mérito o la productividad. En paralelo, se mantienen los pagos bancarizados, sin habilitar el uso de billeteras virtuales para la acreditación de haberes.
Accidentes y enfermedades
La reforma modifica el esquema de pago ante incapacidades. Si la baja laboral se debe a un acto voluntario o a una acción de riesgo para la salud, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses, según el caso. Si la incapacidad no deriva de una conducta riesgosa, cobrará el 75% del sueldo en ese período.
Jornada laboral y banco de horas
La jornada podrá ampliarse de 8 a 12 horas diarias, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre turnos. Se crea además el “banco de horas”, un sistema que permitirá compensar horas extra con francos posteriores. También se incorporan formalmente los contratos a tiempo parcial.
Más servicios esenciales durante huelgas
Se amplía el listado de actividades consideradas esenciales en caso de medidas de fuerza. Se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación —con excepción de las universidades—. Estos sectores deberán garantizar al menos el 75% del servicio durante huelgas. En el caso de las fuerzas de seguridad, la prestación deberá ser del 100%.
Incentivos y baja de impuestos
El proyecto crea un Nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que fija un aporte del 8% por trabajador formalizado para quienes provengan del empleo público, el monotributo o se encontraran desempleados al 10 de diciembre de 2025. También prevé la condonación de hasta el 70% de deudas previsionales.
En materia impositiva, se eliminan impuestos internos a seguros, celulares y bienes suntuarios. Además, se establece el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con pisos de inversión que van desde US$ 150.000 hasta US$ 30 millones.
Qué quedó afuera
Pese a la amplitud de los cambios, algunos puntos quedaron excluidos del texto final. No se redujo el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que seguirá en el 30%. Tampoco se eliminó el aporte solidario sindical —que mantiene un tope del 2%— ni se redujeron las cargas destinadas a obras sociales, que continúan en el 6%. Además, no se derogaron estatutos especiales de actividad.
La reforma abre un nuevo escenario en el mercado laboral argentino y promete un debate intenso en la próxima etapa legislativa, con posiciones enfrentadas entre el oficialismo, la oposición y los gremios.
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