El Gobierno nacional avanza en un año que en la Casa Rosada definen como decisivo para consolidar reformas estructurales antes de que el calendario electoral vuelva a condicionar la agenda. En ese marco, el oficialismo procura reducir el ruido interno, administrar disputas por cargos estratégicos y encauzar conflictos en empresas públicas, como el que atraviesa Nucleoeléctrica Argentina, donde las denuncias internas generan preocupación en distintos despachos oficiales.
Según coinciden distintos sectores del oficialismo, la prioridad para este año es avanzar con cambios de fondo mientras la oposición se mantiene fragmentada y sin liderazgos consolidados. La estrategia apunta a sostener una alta actividad legislativa y evitar que las internas ocupen el centro de la escena pública, al menos hasta que comiencen las definiciones electorales de cara a 2027.
En la Casa Rosada señalan que, puertas adentro, las diferencias entre sectores no desaparecieron, pero sí se replegaron del plano público. Desde el entorno vinculado a Santiago Caputo remarcan que la decisión es no responder a cuestionamientos internos y concentrarse en la agenda presidencial. Otros referentes del oficialismo explican que el primer tramo del año se utiliza para negociar equilibrios y ordenar territorios, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, durante las últimas semanas se produjeron movimientos en áreas sensibles del Estado. Uno de los casos más relevantes fue la renuncia de Paul Starc a la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF). Desde el Gobierno aseguraron que se trató de una decisión personal y descartaron que esté vinculada a obstáculos en la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal o a eventuales complicaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La UIF depende del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, cuya continuidad también es observada con atención. El ministro había manifestado el año pasado su intención de dejar el cargo, aunque su permanencia sigue sujeta a la decisión del Presidente. Esta situación alimenta versiones sobre posibles cambios, aunque desde el entorno presidencial aseguran que no se concretarán los nombres que circulan públicamente y que podría haber definiciones en los próximos meses.
El foco de mayor tensión interna, sin embargo, se concentra en Nucleoeléctrica Argentina. En los últimos días, el presidente de la empresa, Demián Reidel, enfrentó una denuncia impulsada por el Comité de Integridad de la compañía, que derivó en un conflicto en el Directorio. La presentación apunta a presuntos sobreprecios en una licitación del servicio de limpieza de las tres centrales nucleares y solicitó la remoción de dos gerentes cercanos a Reidel.
La situación escaló cuando el Directorio votó la salida de ambos funcionarios, con el respaldo de directores que habían sido designados por el propio presidente de la empresa. En ese contexto, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, propuso sobre tablas la remoción del gerente general, lo que fue interpretado como una señal política de peso dentro del oficialismo.
A este episodio se sumó una nueva denuncia evaluada por el Comité de Integridad, presentada por ATE-Zárate, que advierte sobre un presunto sobreprecio superior al 1000% en otro proceso de contratación. El clima interno generó expectativa de cara a la próxima reunión de accionistas de Nucleoeléctrica, prevista para marzo, donde el Ministerio de Economía concentra la mayoría accionaria y podría definir cambios en la conducción o en el rumbo de la empresa.
El conflicto también impacta en los planes de privatización parcial de la compañía, previstos en la Ley Bases y en normativa posterior. El esquema contempla la venta del 44% de las acciones mediante licitación, aunque dentro del sector advierten que el escenario actual dificulta el interés de inversores privados. Desde el Poder Ejecutivo reconocen que el contexto interno de la empresa genera demoras en el desarrollo de los planes nucleares oficiales.
En este escenario, dentro del Gobierno señalan el crecimiento de influencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Federico Ramos Napoli, quien asumió recientemente y tiene bajo su órbita el reordenamiento del sector nuclear. Su llegada coincidió con cambios en la Comisión Nacional de Energía Atómica y con versiones sobre futuras designaciones en la Autoridad Regulatoria Nuclear, en un área considerada clave para los próximos pasos del Ejecutivo.
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