El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 825/2025, una modificación a la Ley de Ministerios que impacta directamente en las atribuciones del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, y el Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de todos los integrantes del Gabinete nacional.
Según la medida publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio del Interior asumirá nuevas competencias clave vinculadas al contralor del registro y certificación de la identidad de las personas, pasando a tener a su cargo el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Además de asumir la identificación de las personas, al Ministerio de Santilli se le otorgan funciones en materia de relaciones con el Poder Legislativo Nacional y la conducción de la política deportiva nacional, incluyendo la asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte.
El DNU reemplaza y suprime diversos incisos del artículo 16 y sustituye los artículos 17 y 22 bis del Título V de la Ley 22.520. Con estos cambios, el Ministerio del Interior será responsable de:
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Asistir al Presidente en temas de gobierno político interno.
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Coordinación institucional con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Intervención en cuestiones de aguas interprovinciales.
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Organización y control de actos patrióticos y efemérides.
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Desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera.
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Protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad recibirá la función de asistir al Presidente en materia de seguridad interior, preservación de derechos y garantías, política migratoria, dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional y provincial. También coordinará acciones ante emergencias, control fronterizo y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego, así como políticas de asilo para extranjeros.
La norma entra en vigencia hoy y será informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo establece la Ley de Trámite Parlamentario para este tipo de decretos.
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