La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este miércoles 4 de junio la prisión preventiva de Fernando Whpei, el financista al que se endilga una extorsión presuntamente tramada junto al juez federal Marcelo Bailaque y el ex jefe de AFIP Rosario, Carlos Vaudagna. De acuerdo a la investigación de fiscales federales, Whpei habría hecho de intermediario para obtener dinero de uno de los extorsionados, el empresario Claudio Iglesias.
En el tramo final de la audiencia que se celebró en los Tribunales Federales de Entre Ríos al 400 en Rosario, uno de los jueces hizo hincapié en la compra de ocho teléfonos encriptados en diciembre pasado por parte del imputado. Ese fue uno de los argumentos que enumeró la Cámara para ratificar la prisión preventiva, entendiendo que Whpei ha obstruido el accionar judicial y puede entorpecer el desarrollo de la investigación.
Unas semanas antes de la compra de esos celulares, el despacho del juez Marcelo Bailaque en los Tribunales Federales de Rosario en el Boulevard Oroño habían sido allanados de manera sorpresiva. Ese mismo día, otro operativo había llevado documentación requerida por los fiscales en la sede de AFIP. A Whpei lo allanaron unos meses después, en abril de este año. Y allí, al abrir su teléfono, los investigadores comprobaron que el Whatsapp no tenía conversaciones de noviembre de 2024 hacia atrás: es decir, cuando se supo que había una causa contra el juez y el ex jefe de AFIP con los que el financista compartía comidas y amistad, él borró sus chats.
Para la causa, el hecho ocurrió en 2019 y la víctima habría pagado 160 mil dólares para que le cierren un expediente judicial que se había abierto de forma amañada, tras la aparición de una denuncia anónima en AFIP contra Iglesias y otro empresario, Jorge Onetto. Ese texto habría sido urdido por Vaudagna y Bailaque durante una cena en la casa del juez rosarino que en pocas semanas podría ser destituido por mal desempeño. De acuerdo a la evidencia reunida por los fiscales, otro de los comensales esa noche fue Fernando Whpei.
La audiencia ante la Cámara había sido solicitada por la defensa del financista, tras el dictado de la prisión preventiva por parte del juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz. En el medio del trámite judicial, el financista cambió a sus abogados defensores, ya que Renzo Biga reemplazó al doctor Emiliano Díaz. Según fuentes con acceso a la causa, este reemplazo vendría acompañado de la decisión del imputado de colaborar con la justicia como arrepentido, admitiendo los delitos que se le endilgan. Hasta el momento, si bien varios actores cercanos a la trama admiten esa posibilidad, dicho acuerdo no se firmó.
A Whpei también se le endilga -en otra causa también investigada por la justicia federal- haber recibido más de mil millones de pesos que habían sido inmovilizados en 2019 por el juez de Campana después de allanar e intervenir la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín y decidir la detención de quien era el jefe sindical de ese poderoso gremio por entonces, Herme “Vino Caliente” Juárez. Poco antes de que el manejo de esos fondos pasen a la justicia rosarina, ya el financista sabía que la causa le iba “a caer a un juez amigo mío (por Bailaque)” y ofrecía servicios. Los que terminaron siendo asesores de la intervención eran empleados de Whpei, que finalmente prestaría ese capital desde mutuales que controla, cobrando una tasa de interés.
Los fiscales federales que investigan a Whpei, en un expediente que también tiene a Vaudagna y a Bailaque como actores, son Diego Velazco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari. En la audiencia de este miércoles, el Tribunal estuvo compuesto por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal.
Durante la audiencia, se tuvo en cuenta el dato de que Whpei no figura con más bienes propios que una pequeña embarcación de poco valor. El empresario tiene su capital en firmas del exterior en refugios fiscales, como las Islas Vírgenes británicas. El dato ya se había conocido cuando se lo imputó ante el juez de garantías el mes pasado. El financista llegó hasta aquí con arresto domiciliario, por tener una hija con una discapacidad.
Los teléfonos encriptados
Hoy al dar a conocer su resolución, los tres magistrados de la Cámara de Apelaciones sostuvieron un voto unánime. Y a la hora de exponer algunos argumentos, Pineda destacó un chat entre Fernando Whpei y su hermano Guillermo, titular del Museo de la Democracia, situado en la esquina del Palacio Fuentes en el centro rosarino: “Ya conseguí los teléfonos encriptados. Compré ocho”, dijo el imputado. Ambos empresarios fueron creciendo en el negocio financiero durante las últimas décadas de la mano de mutuales que consiguieron códigos de descuento para los empleados públicos en más de 15 provincias, después de haber empezado originalmente con el negocio en Santa Fe.
Ese mecanismo les permitió acercarse a los dos hermanos a posiciones de poder, que quedaron a la vista en la causa que tiene ahora a Fernando Whpei en prisión preventiva. De hecho, en la causa judicial que arma el juez Bailaque para poder extorsionar a un empresario, se utilizó un informe de AFIP firmado por Fernando Amante, un funcionario del organismo fiscal que les respondía a los financistas rosarinos. En otro chat que se expuso durante las audiencias, Guillermo Whpei le decía sobre ese empleado a Carlos Vaudagna: “A ese no lo toques, es nuestro”.
El juez Fernando Barbará, por su parte, dijo al abrir la etapa final de la audiencia de Cámara: “Hay delitos para los que no hace falta poner una pistola en la cabeza, son los de guante blanco”. El último turno al comunicar la resolución fue de la doctora Elida Vidal. Sostuvo que se debe mantener la multa que había fijado el tribunal de garantías, aunque se explicó que baja de $1500 millones a $600 millones.
A Whpei se le dictaron 90 días de prisión preventiva, que viene cumple desde fines de abril en su domicilio en Rosario, por tener a su cargo una hija con discapacidad. El juez Marcelo Bailaque también tiene preventiva, pero sólo la cumplirá en el caso de que avance su destitución en el Consejo de la Magistratura. Carlos Vaudagna, el otro implicado en la trama de corrupción institucional, ya declaró como imputado colaborador.
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