Lo que debía ser un verano de descanso en las playas de Brasil se transformó en un calvario judicial para Agostina Páez. Desde hace más de dos semanas, la abogada argentina no puede salir de Río de Janeiro, tiene el pasaporte retenido y debe usar una tobillera electrónica las 24 horas. En las últimas horas, la situación pasó de castaño a oscuro: la fiscalía pidió su prisión preventiva y Agostina rompió el silencio en TikTok: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, confesó entre lágrimas.
El conflicto estalló el 14 de enero en un bar de Ipanema. Según la defensa, el problema empezó por una cuenta mal cobrada. Agostina y sus amigas dicen que fueron interceptadas por cinco empleados que les impedían salir del local de forma violenta. En medio de insultos y gestos obscenos por parte del personal del bar —que habrían quedado registrados en cámaras de seguridad—, la abogada reaccionó con un gesto que en Brasil es penado con dureza: la injuria racial.
En Brasil, la injuria racial está equiparada al racismo y es un delito que no permite la excarcelación bajo fianza. Las penas van de los dos a los cinco años de prisión efectiva. La Policía Civil de Río ya cerró la investigación con un mensaje contundente en sus redes: “El racismo no es una broma”. Para la justicia brasileña, el gesto de la argentina es una prueba irrefutable, mientras que su abogado, Sebastián Robles, insiste en que hubo una provocación previa y un contexto de hostigamiento que debe ser tomado en cuenta.
La situación personal de Agostina en este febrero de 2026 es crítica. Tras sufrir un intento de ingreso en su departamento temporal, tuvo que mudarse por miedo a represalias. Su padre, Mariano Páez, relató el terror que vive su hija: “Papi, me quieren matar”, le habría dicho en una de las últimas comunicaciones. Mientras tanto, la Embajada Argentina le brinda asistencia legal, pero aclara que no puede intervenir en las decisiones del juez brasileño Orlando Eliazaro Feitosa.
La estrategia de la defensa ahora apunta a un habeas corpus para que Agostina pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso de forma virtual. Robles califica la medida de retención como “arbitraria” porque no establece ningún plazo de finalización. Por ahora, la joven sigue a la espera de una resolución judicial que determine si podrá volver a su casa en Santiago del Estero o si terminará tras las rejas en una cárcel brasileña.
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