El Concejo Municipal aprobó este jueves el proyecto de ordenanza que busca erradicar las carreras clandestinas en Rosario, una problemática que desde hace años genera preocupación entre vecinos de distintos barrios por las maniobras peligrosas, los ruidos molestos y el consumo de alcohol en la vía pública.
La iniciativa fue impulsada por la concejala Samanta Arias, de La Libertad Avanza, y logró el respaldo del oficialismo y de distintos bloques políticos, lo que permitió acelerar su tratamiento legislativo hasta convertirse en una nueva política pública local.
La normativa establece un protocolo preventivo y permanente contra las picadas ilegales, con medidas más estrictas para quienes participen de este tipo de prácticas. Entre los puntos más destacados se encuentra la inhabilitación definitiva para reincidentes, además de la obligación de afrontar los costos de desguace de vehículos modificados y contratar a un ingeniero mecánico en caso de solicitar la restitución de la unidad secuestrada.
“El que usa su vehículo como un arma, lo pierde”, sostuvo Arias tras la aprobación del proyecto, al remarcar que el objetivo es terminar con las carreras clandestinas en sectores donde las denuncias vecinales crecieron en los últimos años.
La ordenanza surgió como respuesta a situaciones registradas principalmente en bulevar Oroño y Lamadrid, así como también sobre avenida Carrasco, en la zona norte de Rosario, donde durante las madrugadas suelen realizarse competencias ilegales.
El protocolo contempla operativos de saturación táctica basados en mapas de calor confeccionados con denuncias al 147 y una “táctica de cerrojo” para bloquear vías de escape y garantizar el secuestro inmediato de vehículos involucrados.
Otro de los ejes centrales es la denominada “adecuación técnica obligatoria”, que dispone la destrucción de piezas no homologadas, como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados, antes de devolver los autos retenidos. Todos esos gastos deberán ser afrontados por los infractores.
Además, la normativa incorpora el agravamiento de multas por reincidencia, la posibilidad de impulsar denuncias penales bajo el artículo 193 bis del Código Penal y talleres obligatorios de educación vial y concientización.
Tras la votación, Arias aseguró que la aprobación representa “un acto de justicia” para Rosario y recordó a las víctimas fatales que dejaron las picadas ilegales en distintos puntos de la ciudad.
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