El Gobierno de la provincia de Santa Fe supervisó este miércoles el derribo de dos construcciones utilizadas como búnkeres de venta de droga en la ciudad de Rosario, en un operativo que permitió alcanzar los 108 puntos de narcomenudeo inactivados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
La intervención se realizó en Cisnero al 6400, en la zona sudoeste de la ciudad, y fue coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según informaron las autoridades, las dos construcciones estaban ubicadas a pocos metros una de la otra y eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes.
Una zona marcada por la violencia
Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el operativo tuvo características particulares por la cercanía entre ambos búnkeres y por el contexto del barrio.
“Se trata de dos búnkeres ubicados a escasos metros entre sí”, indicó el funcionario, quien remarcó que el sector intervenido forma parte del barrio La Lagunita, un área que en los últimos meses registró episodios de violencia vinculados al narcomenudeo.
“El barrio registró hace algunos meses una serie de homicidios, tiroteos y balaceras. Es uno de los sectores de la ciudad con mayor actividad en investigaciones relacionadas con venta de drogas”, sostuvo.
Una investigación en curso
Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Giro, explicó que el procedimiento se desprende de una investigación que se desarrolla desde el año pasado en esa zona de Rosario.
Según detalló, durante distintos allanamientos previos se pudo constatar la actividad de narcomenudeo y secuestrar estupefacientes.
El funcionario judicial precisó además que en la etapa final de la investigación se trabajó con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), que confirmó mediante tareas de inteligencia que los inmuebles seguían funcionando como puntos de venta de droga.
Giro agregó que en diciembre del año pasado se produjo un doble homicidio a pocos metros del lugar, un hecho que, según surge de la causa, estaría vinculado con las personas que operaban ese búnker.
El objetivo de la ley
La demolición de estas construcciones se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico, una normativa aprobada a fines de 2023 que habilita investigaciones específicas sobre narcomenudeo y permite clausurar o derribar inmuebles utilizados para la venta de drogas.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la herramienta busca reducir la violencia asociada a estas estructuras criminales.
“El espíritu de la ley apunta directamente a bajar la violencia que generan estos lugares. Cuando hablamos de búnkeres hablamos también de homicidios, balaceras y situaciones que deterioran la vida cotidiana de los vecinos”, concluyó Pereira.
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