El último viernes Rosario estuvo sin colectivos por varias horas durante la madrugada, como respuesta gremial ante un hecho que había protagonizado un chofer de la línea 115: “Miré por el espejo retrovisor y vi que le estaban robando con una pistola a mis pasajeros, quise frenar y sentí un disparo. Dio en la mampara, que me salvó la vida”, contaría luego. El episodio, uno más de una violenta zaga en los últimos meses, es una pequeña muestra de cómo se vive hoy en la urbe que supo presentarse a sí misma como “La mejor ciudad para vivir” y hoy algunos zócalos televisivos en Buenos Aires comparan con Sinaloa.
Los arrebatos callejeros son frecuentes y ya no respetan horarios o rincones de la ciudad. Son la expresión de una crisis de la política en materia de seguridad que lleva tiempo y que tiene otra cara todavía más violenta en la elevada cantidad de crímenes, muchos de ellos con contexto narco: casi trescientos muertos en 2022 tuvo el Departamento Rosario, en el año más violento de su historia. En lo que va del año, ya hubo 44 homicidios. Las noticias sobré homicidios y balacera se repiten, se suman cada vez con más frecuencia ejecuciones de ciudadanos que nada tienen que ver con bandas mafiosas: pasó con Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, acribilladas el año pasado cuando esperaban un colectivo en zona sur hace unos meses, o hace pocos días con “Jimi” Altamirano, un músico que fue secuestrado al azar en la calle y asesinado frente a la cancha de Newell’s. ¿Qué pasó en los últimos diez años para llegar a este presente rosarino?
En octubre 2013, cuando las calles de la ciudad ya se habían empezado a regar con la sangre de la guerra entre grupos que querían adueñarse del territorio para la venta de droga, el entonces gobernador Antonio Bonfatti fue víctima de una tremenda balacera en su casa en el barrio Alberdi. Meses después, la investigación logró dar con el autor intelectual del hecho: Ema “Pimpi” Sandoval, un pesado del hampa local. Pero el mandatario decidió no iniciar una acción penal contra él y todo terminó con un juicio abreviado.
En los años que siguieron, con alguna leve mejora estadística en 2017 y 2018, la sensación térmica fue siempre la misma: el narco como fenómeno había llegado a Rosario para instalarse con conexiones policiales con las bandas, ingreso de la droga en avionetas y por las rutas del norte provincial, delitos instigados desde la cárcel.
Saltemos en el tiempo y llegamos a otro emblemático episodio de sangre, en una mansión de La Florida. Alguien había cortado la luz del barrio para entrar a los tiros y matar a quien estaba viviendo ahí. Era el mismísimo Sandoval del ataque a Bonfatti, ahora condenado por una tentativa de homicidio, pero que gozaba del beneficio de una prisión domiciliaria en la casa de un juez. Sí, así de insólito como se lee.
Volviendo atrás en el tiempo, como si fuese una película de Tarantino, se puede viajar de nuevo a fines de 2013. Cuando todavía era reciente la balacera a la casa del gobernador y se venía el año anterior de una fuerte polémica pública por la habilitación de Esperanto, un boliche que en pleno centro de Rosario abría como franquicia de una marca porteña con denuncias de que su dueño era uno de los narcos poderosos en la ciudad. Su nombre era Luis Medina. Terminó baleado con diez tiros en Ayolas y Circunvalación, cuando viajaba con su novia Justine Pérez Castelli, una joven modelo que había adquirido fama en esos días por haber salido durante un tiempo con el futbolista Cristian “Ogro” Fabbiani.
Pasaron casi diez años de aquel doble crimen y nunca quedó del todo aclarado un episodio de esa madrugada: funcionarios del gobierno provincial se llevaron del hotel del casino, donde estaba alojado Medina, la Macbook de la víctima. ¿Qué información tenía esa computadora?
Por aquel entonces, habían ganado peso Los Monos, surgidos en los barrios Las Flores, La Granada y 17 de agosto, en la zona sur a pocos metros del Casino City Center.
Ya había pasado el asesinato del “Fantasma” Paz en septiembre de 2012, en la tarde de un sábado y cuando la víctima viajaba en su BMW por 27 de Febrero y Entre Ríos. En su teléfono aparecería una gran cantidad de números de policías. Su cuñado era Claudio “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos ejecutado al año siguiente. Fue el juez Juan Carlos Vienna el que instruiría una causa que dejaría a la vista también la relación muchas veces obscena entre actores del Poder Judicial y las mafias. La foto de Vienna en una pelea del “Chino” Maidana en San Antonio, Texas, junto al padre del narco asesinado quedaría para siempre como botón de muestra.
En ese tiempo -aunque su nombre no era tan mediático aún- ya había expedientes judiciales que nombraban a Esteban Lindor Alvarado, socio de Luis Medina que había sido condenado por la justicia en San Isidro por integrar una banda que robaba autos en Buenos Aires y los vendía “emponchados” en Rosario. Unos años después, esos dos grupos narcos y sus desprendimientos barriales, serían los protagonistas de cada crónica de sangre en la ciudad. Y con sus líderes presos, las bandas se seguirían perfeccionando.
De 2013 al presente, Rosario tuvo más de 2400 homicidios, cuadruplicando la media nacional y triplicando la media histórica de la propia ciudad.
La política, en todos esos años, siguió sin encontrarle la vuelta al problema. El fenómeno narco había empezado a aparecer en la agenda durante la primera gestión del socialismo en la provincia con Hermes Binner, que no supo ver el tamaño del monstruo que estaba naciendo en Rosario. Después, con Bonfatti y Lifschitz como gobernadores, hubo ministros del área de seguridad que no estuvieron a la altura de las circunstancias, jefes policiales y comisarios procesados por vinculación con las bandas narcos y el delito. Después llegaría Perotti con su promesa de “Paz y orden”, la misma que le permitió ganar las elecciones al Frente Progresista y que lo apura ahora a encontrar una respuesta a la crisis: pasaron cuatro ministros desde Sain al flamante Brilloni; los jefes de policía fueron once en el mismo plazo. Y los números no mejoraron.
Y mientras todo se agrava, la ciudad que parió a Messi y Di María ocupa los zócalos de la TV porteña por ser la “tierra narco”. Los canales mandan a sus móviles a transmitir el show de la sangre y el propio intendente Javkin es recibido por el presidente Alberto Fernández.
Las postales de estos días van todas hacia el mismo lado. El Concejo municipal crea un Comité de Crisis y la Legislatura pide reunir a la Junta de Seguridad. ¿Servirá tanto ruido para encontrar una solución? Alguna vez Perón patentó una máxima: para que algo no se resuelva, conviene armar una comisión. Habrá que ver si el tiempo la confirma esta vez, o la desmiente.
Entre tanto, ¿con qué recursos contó todo este tiempo el Estado para hacer frente al problema? El gobernador y el intendente se reunieron con los dos jueces federales de Rosario, con fiscales federales y con actores relevantes de la justicia provincial. De ahí surgió una mesa de trabajo que se reunirá semanalmente, para avanzar en soluciones de fondo que hace años no llegan.
Cada vez que hay una muerte resonante, como pasó con la de Jimi Altamirano hace pocas semanas, se reinstala en forma espasmódica el debate por las fuerzas federales en la ciudad. Pero nunca hubo control serio de las rutas del norte provincial, ni en los puertos. La radarización también es un déficit. Las cárceles en el sur provincial están superpobladas. El Servicio Penitenciario no cuenta con herramientas modernas en zaga con lo que de ha perfeccionado el delito: hoy, los presos desde una prisión dirigen una banda que extorsiona y planifica asesinatos o comercio de drogas, con un celular. Lo hacen desde cárceles federales y provinciales. La policía no parece estar preparada para hacer frente a la amenaza narco, sus agentes no persiguen a un delincuente ni siquiera cuando se balea una Comisaría desde una bicicleta, como pasó hace poco en la zona noroeste de Rosario. Por desidia, miedo o corrupción, la mayoría de los hechos criminales termina sin persecución alguna.
La justicia provincial trabaja como puede para investigar y procesar a los responsables del crimen organizado: las bandas de Los Monos y de Alvarado llegaron a juicio y sus cabecillas fueron condenados. Hoy, presos en cárceles federales, parecen haber perfeccionado sus delitos. Hace muy poco un fiscal acusó a René Ungaro, socio y ex cuñado de Alvarado, de haber mandado a disparar en la zona del barrio Parque del Mercado para “mostrar poder”. El resultado fue la balacera criminal que terminó con la vida de Claudia y Virginia, el caso nombrado más arriba en esta nota. El mismo tirador baleó pocos días después de aquel hecho un Centro de Distrito Municipal, a pocos metros de la casa en la que se crió Lionel Messi.
Aprovechando la cita al mejor jugador del planeta, puede hablarse de lo que pasa en el ámbito de la justicia federal, que debe perseguir al narcotráfico casi con la misma estructura que tenía hace medio siglo: la última Fiscalía Federal que se creó en Rosario fue en 1981. Para tener dimensión del tiempo que pasó desde entonces, todavía no habían nacido Messi y Di María, hoy campeones del mundo que decoran con su imagen algunos colectivos en la ciudad, los mismos que pararon hace pocas horas por haber recibido un balazo.
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