El diputado provincial Martín Rosúa dialogó con el programa Todo Pasa de Radio Boing y se refirió a la reforma para reducir la litigiosidad laboral en Santa Fe, un proyecto que ya cuenta con media sanción en la Legislatura.
Según explicó, la iniciativa apunta principalmente a resolver un problema estructural vinculado a los accidentes y enfermedades laborales, que hoy representan cerca del 70% de los expedientes en los juzgados laborales de la provincia. “Hay un desacople total: bajan los accidentes, pero suben los juicios. Eso indica que hay algo que no está funcionando bien”, sostuvo.
Rosúa detalló que Santa Fe registra 296 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados, más del doble del promedio nacional, que ronda los 133. “Tenemos la misma cantidad de accidentes que provincias como Córdoba, pero el doble de litigiosidad. Es un problema que hay que resolver”, remarcó.
Cambios en el sistema de peritajes
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos médicos dependiente del Poder Judicial, que accederán a sus cargos por concurso y tendrán criterios de trabajo más transparentes.
El legislador explicó que actualmente los peritos cobran en función del monto de la demanda, lo que genera incentivos distorsivos. “Si el perito determina una incapacidad mayor, cobra más. Eso termina incentivando la sobreestimación de los daños”, señaló.
Además, se busca evitar la multiplicación de expedientes por un mismo hecho, una práctica que, según indicó, contribuye a saturar el sistema judicial.
Impacto en trabajadores y empresas
Para Rosúa, el nivel actual de litigiosidad no solo afecta a la Justicia, sino también a los trabajadores y al sector productivo. “El sistema está colapsado y el trabajador que realmente tiene un accidente termina cobrando después de tres o cuatro años, cuando debería hacerlo en 45 días”, afirmó.
También advirtió que este escenario impacta en los costos laborales, ya que eleva las primas de las ART. “En Santa Fe están por encima del 4%, cuando el promedio nacional es del 2,5%. Son unos 100 millones de dólares que se pierden y no van a inversión ni a generación de empleo”, indicó.
El diputado mencionó como referencia los casos de provincias como Río Negro y Salta, donde reformas similares lograron reducir significativamente la litigiosidad.
Debate y resistencias
La iniciativa fue debatida durante más de seis meses y contó con la participación de distintos sectores, entre ellos sindicatos, abogados laboralistas y peritos. Si bien reconoció que hay resistencias, Rosúa sostuvo que la reforma apunta a ordenar el sistema sin “estigmatizar a nadie”.
En ese sentido, también denunció prácticas irregulares en el sector, como la captación de casos para iniciar juicios sin fundamentos. “Hay estudios que llaman a personas que tuvieron un accidente para incentivarlas a litigar, incluso cuando no corresponde”, afirmó.
Próximos pasos
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado provincial. En paralelo, el Gobierno ya inició el proceso para conformar el nuevo cuerpo de peritos, que estará integrado por nueve profesionales.
“Vamos a tener un año de implementación para evaluar el funcionamiento del sistema y hacer los ajustes necesarios”, explicó Rosúa.
Por último, el legislador insistió en que el objetivo es lograr un esquema más justo y eficiente: “Si no corregimos estos desvíos, el sistema termina perjudicando a todos, especialmente a quienes realmente necesitan una respuesta rápida ante un accidente laboral”.
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