El diputado provincial Martín Rosúa (UCR–Unidos) presentó un proyecto para que la Provincia de Santa Fe avance en una reforma profunda del régimen de prisión domiciliaria, con el objetivo de terminar con lo que definió como una práctica que viene erosionando la credibilidad del sistema penal: la prisión domiciliaria VIP, marcada por privilegios encubiertos y fuertes asimetrías en la ejecución de la pena.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos. Hablo de condenados por delitos graves, incluso corrupción y defraudación al Estado, que están cumpliendo su pena en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas ilimitadas. Es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos”, explicó el legislador radical.
Rosúa señaló que se conocieron casos en los que se organizaron fiestas, reuniones masivas o celebraciones en los mismos domicilios donde debía cumplirse una pena. “Mientras esto sucede, el resto de los internos en el Servicio Penitenciario Provincial cumple normas estrictas: cupos de visita, horarios fijos, limitaciones a la comunicación, espacios reducidos y control permanente”, detalló.
“El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico. Lo más preocupante es que esto no ocurrió por falta de norma, sino por falta de una aplicación rigurosa. Lo que debió corregirse desde la función jurisdiccional, con sentido común y con una lectura integral del plexo normativo, derivó en un entramado de abusos que hoy obliga a modificar la ley para impedirlos expresamente” agregó el funcionario.
La iniciativa establece cambios concretos y restrictivos en el régimen de prisión domiciliaria. Entre los puntos centrales, fija un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda donde se cumpla la pena; la prohibición de amenities de lujo o de cualquier condición que transforme la condena en un privilegio; y un régimen de visitas idéntico al penitenciario, junto con la prohibición del uso de celulares e internet, salvo excepciones estrictamente justificadas.
El proyecto también prevé monitoreo electrónico obligatorio, controles sorpresivos, revocación inmediata del beneficio ante cualquier incumplimiento y la creación de un registro público para garantizar mayor transparencia en la ejecución de las penas.
“El mensaje es claro y directo, en Santa Fe la prisión domiciliaria vuelve a ser lo que siempre debió ser: una excepción humanitaria, no un privilegio reservado para quienes pueden pagar condiciones de vida que ningún otro interno posee”, sostuvo Rosúa.
“Esta reforma repone igualdad, devuelve seriedad a la ejecución penal y responde a un reclamo muy simple pero muy profundo de la sociedad. Si hay condena, la pena se cumple de verdad y se cumple igual para todos”, concluyó el legislador de Unidos.
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