Parte de la policía de Santa Fe mantiene un conflicto interno que en las últimas horas derivó en protestas frente a cuarteles y dependencias oficiales, entre ellas la Jefatura de Policía de Rosario. Los reclamos, impulsados principalmente por familiares de los efectivos, apuntan a la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones laborales y la falta de asistencia en salud mental.
La tensión se hizo visible en la noche del lunes, cuando un grupo de manifestantes se concentró en el ingreso de calle Ovidio Lagos. Ante el intento de bloquear la salida de patrulleros, intervinieron grupos de la fuerza para garantizar la operatividad y evitar que se resintiera el servicio de seguridad.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguraron que el despliegue preventivo funcionó con normalidad durante la madrugada del martes. A las 6 de la mañana, unas 80 unidades estaban operativas en la ciudad, con refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Además, se informó un procedimiento en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se secuestró un arma y se aprehendió a un menor.
Uno de los ejes centrales del reclamo es el salario. Según exponen los efectivos, un policía que recién ingresa a la fuerza percibe alrededor de 1.300.000 pesos mensuales, un ingreso que consideran insuficiente y que obliga a depender de horas extra. Los bonos extraordinarios anunciados por el Gobierno, de 500.000 y 250.000 pesos, no lograron desactivar el conflicto.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció la legitimidad del reclamo por mejores condiciones laborales, pero advirtió que la protesta fue utilizada por sectores desplazados de la fuerza. En ese marco, el Gobierno anunció sanciones administrativas para los efectivos que hayan incurrido en abandono de servicio y confirmó que se investigan posibles ilícitos penales.
Fuerte operativo de seguridad en la sede de la Jefatura de Policía en Rosario
La noche del lunes en Rosario estuvo marcada por una nueva jornada de tensión frente a la Jefatura de Policía. Alrededor de las 23 horas, un grupo de manifestantes —entre los que se encontraban familiares y civiles— se concentró en el ingreso de calle Ovidio Lagos para expresar diversos reclamos. Ante el intento de bloquear el portón de egreso de los patrulleros, grupos de combate de la fuerza intervinieron para asegurar la operatividad y evitar que se resintiera el servicio de seguridad en las calles.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguraron que el despliegue preventivo en la ciudad funcionó con normalidad durante toda la madrugada del martes. De hecho, a las 6:00 de la mañana, unos 80 móviles se encontraban en tareas operativas, sumados al refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Como prueba de esta vigencia, las autoridades informaron un procedimiento exitoso en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se logró el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un menor de edad.
Fuentes oficiales confirmaron que, entre los manifestantes —algunos de ellos encapuchados—, se identificaron allegados a personal policial que fue desplazado recientemente por la actual administración y que hoy enfrentan procesos judiciales con prisión preventiva.
En relación a los efectivos que pudieron haber participado de la medida, el Gobierno fue tajante: se aplicarán duras sanciones administrativas a quienes hayan incurrido en el abandono de servicio, ya que se considera prioritario garantizar el derecho a la seguridad de todos los rosarinos.
Entrada la mañana de este martes, si bien se mantenían algunas postales del conflicto frente al edificio de Jefatura, la circulación de unidades era fluida.
Comentarios