La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tomó decisiones clave este miércoles que sacuden los tribunales de Rosario y Mar del Plata. Por un lado, se aprobó el pedido de pruebas para una nueva imputación contra Gastón Salmain, el magistrado rosarino que ya cuenta con procesamiento y pedido de prisión preventiva por cobrar sobornos. En paralelo, el organismo decidió dilatar la votación del jury contra el juez marplatense Alfredo López, denunciado por la DAIA por expresiones antisemitas, debido a diferencias sobre la sanción correspondiente.
La situación de Salmain es de una gravedad institucional inédita para la región. El juez federal N°4 de Rosario, Carlos Vera Barros, ya lo procesó por cohecho pasivo agravado y prevaricato. Según la investigación, Salmain habría pactado una coima millonaria con el empresario Fernando Whpei, con la intermediación del operador Santiago Busaniche, para dictar un fallo que permitiera a una empresa acceder al dólar oficial durante el cierre de la gestión de Alberto Fernández.
El avance de la comisión suma ahora una nueva causa lateral: se investiga al magistrado por intentar obtener información confidencial sobre los allanamientos que se realizaban en su contra. Este hecho fue el que motivó el pedido de prisión preventiva, la cual no se ejecuta únicamente porque Salmain posee fueros parlamentarios.
La denuncia original, impulsada por Horacio Rosatti, reveló que Salmain ocultó en su concurso para ser juez que había sido echado del Poder Judicial años atrás. En aquel entonces, siendo secretario, ofreció una coima para manipular causas de seguridad social. Fue el propio Whpei quien, tras negarse a pagar la suma acordada porque el cambio de gobierno le quitó rentabilidad al negocio del dólar, terminó confesando la maniobra ante la justicia.
Aunque sigue en libertad por la Ley 25.320, Salmain tiene prohibida la salida del país y su destitución parece ser el único camino para que la detención se haga efectiva.
En la misma reunión, se trató el expediente de Alfredo López, el juez de Mar del Plata acusado por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) de difundir discursos de odio de manera sistemática en sus redes sociales. Si bien existía un dictamen del senador Luis Juez para iniciar el juicio político, la decisión se frenó por un pedido del diputado Rodolfo Tailhade.
Tailhade argumentó que, si bien el comportamiento de López es reprochable, no está convencido de que alcance para un jury de enjuiciamiento y sugirió que podría resolverse con la máxima sanción disciplinaria (una multa o suspensión). Ante esta falta de consenso, los consejeros acordaron postergar la definición para el próximo encuentro, estirando la incertidumbre sobre el futuro del polémico magistrado.
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