
El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 2010 y “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, según informaron fuentes oficiales.
La iniciativa fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X, y será impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
Desde la cartera sanitaria explicaron que el proyecto apunta a clarificar conceptos y criterios de intervención, especialmente en casos de emergencia y riesgo.
Entre los cambios más relevantes, el texto propone reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de habilitar respuestas más rápidas y preventivas.
Además, el oficialismo considera que el término “padecimiento mental” utilizado por la ley actual resulta ambiguo y demasiado amplio, por lo que buscará incorporar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) para precisar diagnósticos y tratamientos.
Otro de los puntos centrales de la reforma es el régimen de internaciones. Si bien se mantendrá como recurso excepcional, el proyecto habilita que psiquiatras puedan indicar una internación involuntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.
También se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial en estos casos.
En paralelo, la iniciativa plantea fortalecer la red de atención en salud mental, incluyendo hospitales especializados, en contraste con la normativa vigente que promovía el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos.
Según el relevamiento realizado por el Ministerio, solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental, datos que el Gobierno utiliza como argumento para impulsar la reforma
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