El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, firmó el lunes la Directiva N° 05/2026, que instruye a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de forma inmediata acciones administrativas y judiciales para recuperar los gastos ocasionados por falsas amenazas en escuelas. La medida se implementará en coordinación con la Fiscalía de Estado.
A partir de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Provincia ya logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos menores de edad. En ese marco, se activará el protocolo vigente para el recupero de costos operativos, que establece el reclamo a los adultos responsables.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares: 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada operativo implica un costo base estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.
El procedimiento de recupero se inicia una vez identificados los responsables. A partir de allí, se realiza un relevamiento, se cuantifican los costos y se conforma un expediente por cada caso. Luego, se emite una intimación formal de pago a los adultos, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir. En caso de incumplimiento, interviene la Fiscalía de Estado, que puede avanzar con acciones judiciales que incluyan intereses, costas y gastos.
“No son bromas”
Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de estos episodios y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”.
Además, advirtieron que el costo del resarcimiento puede superar ampliamente los 6 millones de pesos, dependiendo del despliegue requerido. “La idea es recuperar lo que la Provincia gasta en cada operativo; no es una sanción accesoria al delito, sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Es una acción paralela a la cuestión penal, por lo que no es necesario esperar una sentencia”, señalaron.
En ese sentido, recordaron que las amenazas en ámbitos escolares están tipificadas en el Código Penal y que, además de las eventuales responsabilidades penales, generan consecuencias económicas que serán reclamadas por el Estado.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, al subrayar la necesidad de abordar estas situaciones con mayor conciencia sobre sus efectos.
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