El Senado de Santa Fe aprobó un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas, incorpora esta práctica al Código de Convivencia y habilita, por primera vez, la intervención directa de la policía y los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
El proyecto modifica la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, estableciendo que la actividad pase a ser considerada una contravención a nivel provincial. Ahora, la propuesta deberá ser debatida por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
Más herramientas para municipios y fuerzas de seguridad
La normativa plantea un esquema de trabajo conjunto entre los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad. En ese marco, cada municipio tendrá la potestad de intervenir y denunciar ante la Justicia contravencional, con el acompañamiento policial.
“Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”, agregó el senador por Rosario.
Sanciones y alternativas laborales
El proyecto contempla sanciones que van desde trabajos comunitarios y restricciones de concurrencia a determinados lugares, hasta arrestos de hasta 20 días en casos de reincidencia o cuando exista organización previa. Además, endurece las penas si la actividad se desarrolla en zonas bancarias, comerciales o durante eventos masivos.
Por otro lado, la iniciativa incluye un enfoque social: aquellas personas que actualmente ejercen la actividad sin antecedentes ni vínculos con organizaciones delictivas podrán acceder a programas de capacitación e inserción laboral formal, en articulación con el sector público y privado.
Un debate que continúa
El proyecto fue presentado en mayo de 2025 y sumó aportes del Ejecutivo provincial y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y el legislador Walter Ghione.
“Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más” detalló Seisas.
El senador también apuntó contra la inacción política en años anteriores: “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”.
Impacto en Rosario y recuperación del espacio público
Seisas destacó que la iniciativa se enmarca en un proceso más amplio de recuperación del espacio público en ciudades como Rosario, donde, según afirmó, se registró una baja en los niveles de violencia en los últimos años.
“En los últimos dos años, con un trabajo intenso de todos los niveles del Estado, se logró bajar de manera notable los índices de violencia que habían colocado a la ciudad en el triste lugar de ser la más violenta del país. Al mismo tiempo, Rosario recuperó el espacio público: 45 nuevas plazas en todos los barrios, intervenciones urbanas en lugares donde antes dominaban las bandas, nuevos parques, espectáculos masivos para toda la familia y un turismo en crecimiento. Los rosarinos volvieron a ganar la calle. Volvieron a sacar las mesas a la vereda. Volvimos a recuperar el espacio público, y esta herramienta va a permitir seguir consolidando ese proceso”, concluyó.
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