Santa Fe lidera el ranking de litigiosidad laboral en la Argentina, con 296 juicios por cada 10.000 trabajadores registrados, una cifra que supera en un 123% el promedio nacional y que se ubica muy por encima de otras provincias, como Córdoba, donde un trabajador tiene menos de la mitad de probabilidades de iniciar una demanda judicial.
El impacto de este fenómeno se refleja de manera directa en la economía provincial. Según un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las empresas santafesinas afrontan una alícuota promedio de ART del 4,03%, un 45% más elevada que la media nacional (2,78%). Este diferencial genera un sobrecosto anual estimado en 100 millones de dólares para el aparato productivo local.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue contundente al referirse al tema: “Hay industria del juicio en Santa Fe, mucha”, afirmó en declaraciones públicas, al reconocer que se trata de un punto bisagra para la competitividad de la provincia.
Las causas de una litigiosidad récord
De acuerdo al informe de la UART, la situación santafesina responde a una combinación de factores estructurales. Uno de los principales es el sistema de honorarios de los peritos médicos judiciales, que actualmente cobran en función del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan. Este esquema, advierten, genera un incentivo económico para sobredimensionar lesiones y elevar el valor de las demandas.
Otro elemento clave es la demora en la aplicación efectiva de la Ley Nacional 27.348, que busca profesionalizar las pericias a través de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos. Si bien la norma está vigente desde 2017, Santa Fe recién inició en 2025 el concurso para conformar ese cuerpo y designar a sus primeros peritos oficiales.
A esto se suma la falta de obligatoriedad real de instancias administrativas previas, lo que deriva en que gran parte de los reclamos desemboquen directamente en la Justicia laboral, sin mecanismos de resolución más ágiles.
Un problema que se repite a nivel nacional
El informe de la UART también advierte sobre la situación general del sistema de riesgos del trabajo en el país. Durante 2025, los juicios laborales crecieron un 6,4%, pese a que los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80% en las últimas décadas, lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas.
En total, ingresaron 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025, lo que profundiza una crisis institucional y financiera del sistema. El 73% de esas demandas se concentra en solo tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, que reúnen el 61% de los trabajadores del país, una concentración que revela distorsiones profundas en determinados sistemas judiciales.
El proyecto de reforma en Santa Fe
En este contexto, avanza en la Legislatura santafesina un proyecto de reforma parcial del Código Procesal Laboral, impulsado por el diputado provincial José Corral y respaldado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
La iniciativa apunta a corregir las distorsiones estructurales que alimentan la litigiosidad y los sobrecostos del sistema de Riesgos del Trabajo. Entre sus ejes centrales se destacan:
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Obligatoriedad de las Comisiones Médicas, como instancia previa a cualquier demanda judicial.
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Reforma del sistema de pericias médicas, desvinculando los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad.
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Creación de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos, para garantizar imparcialidad y rigor técnico.
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Adhesión plena y efectiva a la Ley Nacional 27.348, incluyendo la corrección de plazos procesales como el de caducidad.
Beneficios esperados
Según la Fisfe y los autores del proyecto, la reforma permitiría reducir costos empresariales en alrededor de 100 millones de dólares anuales, mejorar la competitividad de la industria santafesina frente a provincias como Córdoba y agilizar la resolución de los reclamos laborales.
Además, destacan que un sistema más ordenado beneficiaría también a los trabajadores que efectivamente sufrieron un siniestro, al permitirles acceder a una reparación más rápida y justa, sin atravesar extensos procesos judiciales.
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