Este fin de semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe, una normativa que busca transformar la forma en que la Justicia investiga y actúa frente a delitos cometidos por menores de edad. El cambio se da en un contexto de creciente participación de adolescentes en hechos delictivos.
El nuevo sistema forma parte de la Ley N° 14.228, aprobada por la Legislatura santafesina el 30 de noviembre de 2023 y promulgada oficialmente un mes después. A partir de ahora, la Justicia podrá abrir investigaciones contra jóvenes de entre 16 y 18 años siempre que se trate de delitos con penas mínimas de dos años de prisión.
Con la puesta en marcha del nuevo Código, la Fiscalía General de la provincia, a cargo de María Cecilia Vranicich, dispuso la creación de Unidades Fiscales Especializadas en cada una de las cinco Fiscalías Regionales. Además, se conformó la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), bajo la conducción de la fiscal Carla Cerliani.
Uferpa será la encargada de planificar, supervisar y, en casos excepcionales, litigar investigaciones relacionadas con menores, además de articular con las Fiscalías Regionales para asegurar una actuación coordinada dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La implementación del Código implica un cambio estructural en la función del MPA, que ahora asume la investigación de delitos juveniles. A diferencia de lo que ocurrió en 2014 con la reforma penal para adultos, en este caso toda la carga de trabajo que hasta ahora tenían los Juzgados de Menores pasa al MPA.
Para enfrentar esta transición, nueve profesionales provenientes de las Asesorías de Menores y Secretarías Penales fueron nombrados como fiscales especializados. A ellos se suman más de 60 empleados administrativos, y se coordinan gestiones con la Corte Suprema provincial para incorporar personal de servicios.
El cambio también incluyó adaptaciones tecnológicas. Se actualizó el sistema informático Heimdall y se diseñó Clio, una herramienta que centraliza datos históricos de los Juzgados de Menores, permitiendo trazabilidad y continuidad en las investigaciones.
Además, se implementó un registro de antecedentes penales juveniles y se desarrollaron capacitaciones obligatorias para el personal, organizadas por la Escuela de Capacitación del MPA, con jornadas presenciales en Rosario y Santa Fe.
Para garantizar el funcionamiento del nuevo esquema, se alquilaron nuevas sedes en las principales ciudades, mientras que en otras localidades —como Casilda, Rafaela, Tostado y San Lorenzo— se seguirán utilizando los edificios actuales de los Juzgados de Menores. En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, las oficinas funcionarán dentro de los Centros de Justicia.
Durante el anuncio, la fiscal Vranicich destacó que esta implementación completa la adaptación del sistema acusatorio adversarial a los principios de la Constitución Nacional, y señaló que la nueva competencia reafirma la necesidad de avanzar con la autonomía funcional y la autarquía financiera del MPA, un punto que se discute en el marco de una posible reforma de la Constitución Provincial.
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