El gobierno de Maximiliano Pullaro llevará adelante la quinta subasta de bienes decomisados al delito, una iniciativa que ya cuenta con más de 4 mil inscriptos de todo el país. Los vehículos que formarán parte del remate comenzaron a ser trasladados al Salón Metropolitano, donde desde el miércoles 15 de abril podrán ser exhibidos al público.
Desde la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, su representante Matías Figueroa Escauriza destacó el alcance de la medida y su impacto en la política de seguridad: “Estamos contentos porque esta política pública es integral. A nosotros nos toca la última parte, que es quitarle los bienes a los delincuentes y subastarlos para que no tengan dinero y no puedan seguir operando”.
La iniciativa forma parte de una estrategia que apunta a desarticular el financiamiento de las organizaciones criminales, avanzando no solo sobre las personas sino también sobre sus patrimonios. En ese sentido, Santa Fe se posiciona como la única provincia del país que aplica un sistema de subastas anticipadas en el marco de una ley de extinción de dominio.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémicas. Uno de los puntos de conflicto fue la inclusión de un avión en el remate, lo que derivó en cuestionamientos judiciales. Frente a esto, Figueroa Escauriza aseguró que se trata de maniobras impulsadas por sectores vinculados a los acusados: “Son distintos lobbys que tienen los delincuentes de guante blanco, que aunque estén detenidos tienen recursos para intentar frenar estas medidas”.
El funcionario explicó que, pese a estas objeciones, la Justicia avaló el procedimiento: “La semana pasada se determinó que todos los pasos administrativos están enmarcados en la ley provincial”, y remarcó que cada instancia del proceso cuenta con respaldo legal.
En cuanto al destino de los fondos, aclaró que el dinero recaudado no se dirige a rentas generales, sino que queda afectado a las víctimas de las causas judiciales vinculadas a los bienes subastados. Esto permite que, en caso de resoluciones judiciales futuras, se pueda restituir el dinero correspondiente.
Además, detalló que el proceso implica altos costos logísticos, especialmente en casos como el del avión, que debió ser recuperado, trasladado y reacomodado para su venta. “Mover un avión es muy costos, hay que venderlo rápido porque cada mes genera gastos para la provincia”, explicó.
La subasta, que ya se consolidó como una herramienta clave en la política de seguridad provincial, busca no solo recuperar activos sino también enviar un mensaje claro: quienes cometen delitos y se enriquecen ilegalmente no podrán conservar sus bienes.
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