La causa que investiga una presunta trama de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo de alto impacto judicial. El fiscal federal Franco Picardi solicitó en las últimas horas una nueva ronda de 29 citaciones a indagatoria, que incluye nuevamente al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, al exdirector de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y al empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como una pieza clave en el direccionamiento de contrataciones públicas.
Según el dictamen presentado junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, las nuevas maniobras detectadas involucran la erogación de más de 75.478 millones de pesos de fondos públicos, destinados a la compra de insumos médicos de alto costo para personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas graves en situación de vulnerabilidad.
La investigación apunta a un esquema de licitaciones direccionadas, cartelización empresarial, sobreprecios y presuntos retornos que habrían beneficiado a un reducido grupo de firmas proveedoras vinculadas al entorno de Calvete.
De acuerdo al fiscal, el circuito ilegal funcionaba a través del Programa Incluir Salud, destinado a garantizar prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas, audífonos y otros dispositivos médicos de alta complejidad para sectores vulnerables.
En ese marco, Picardi sostuvo que la ANDIS “fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional”.
La fiscalía además detectó mensajes, audios y planillas que, según la acusación, evidencian la mecánica de reparto de fondos entre funcionarios y empresarios. Uno de los mensajes incorporados al expediente muestra una conversación en la que Garbellini le envía a Calvete un listado bajo el título “ofrendas de esta semana”, con montos asignados a distintas empresas por más de 2.000 millones de pesos.
La nueva etapa de la causa también pone bajo la lupa maniobras de presunto lavado de dinero, facturación apócrifa y compras de productos que, según la fiscalía, no tendrían constancia de entrega, entre ellos camas ortopédicas reacondicionadas y otros insumos médicos.
El expediente ya había derivado meses atrás en 19 procesamientos por asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho, entre ellos el de Spagnuolo, a quien la Justicia ubicó como presunto jefe de la organización.
Ahora, la ampliación de la pesquisa apunta a nuevos empresarios beneficiados y podría extenderse a otros funcionarios del Gobierno nacional, a partir de audios y conversaciones incorporadas al expediente.
Las nuevas indagatorias deberán ser convocadas por el juez federal Ariel Lijo, quien quedó al frente de la causa.
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