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Política

Semana clave en el Congreso: reforma laboral y Régimen Penal Juvenil, las dos pruebas de fuego del Gobierno

Con las sesiones extraordinarias en marcha y el feriado de Carnaval en el horizonte, el Gobierno afronta una semana decisiva en el Congreso: busca avanzar con la reforma laboral en el Senado y aprobar en Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, dos proyectos clave para la agenda de Javier Milei.

El Congreso se prepara para una semana de máxima intensidad política. Con las sesiones extraordinarias en marcha y el reloj corriendo antes del feriado XXL de Carnaval, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) enfrenta dos debates decisivos en apenas 48 horas: la reforma laboral en el Senado y el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados.

El primer desafío será este miércoles, cuando el Senado trate la denominada “modernización laboral” impulsada por el presidente Javier Milei. Al día siguiente, el jueves, Diputados debatirá el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, una iniciativa reflotada por la ministra de Seguridad y senadora, Patricia Bullrich.

Régimen Penal Juvenil: panorama favorable en Diputados

En el oficialismo hay optimismo respecto del tratamiento del Régimen Penal Juvenil. Los tiempos apremian y, ante la inactividad legislativa que se espera durante la semana de Carnaval, LLA decidió acelerar. De manera sorpresiva, el miércoles pasado los bloques aliados aceptaron la propuesta del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para avanzar con la aprobación del proyecto.

Se trata del texto que Bullrich volvió a impulsar tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que involucró a menores inimputables. Si bien la funcionaria había intentado inicialmente bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, la resistencia fue transversal, incluso dentro del PRO. Finalmente, el oficialismo optó por retomar el dictamen firmado en mayo del año pasado, que fija la edad mínima en 14 años.

La iniciativa establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, con penas alternativas a la prisión —como tareas comunitarias, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico— y una pena máxima de 15 años para delitos graves. La privación de la libertad quedaría reservada para casos de alta gravedad y se cumpliría en institutos especializados, sin contacto con adultos.

Además, LLA aceptó un reclamo clave de los gobernadores: que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal de la implementación del régimen en las provincias que adhieran. Con ese gesto, el oficialismo se aseguró el respaldo del PRO, de varias fuerzas provinciales y, en parte, de Unión por la Patria, especialmente del sector que responde a Sergio Massa, para quien la baja de la edad de imputabilidad es una bandera histórica del Frente Renovador.

Salvo imprevistos, el Gobierno descuenta que el jueves logrará aprobar la iniciativa, que luego deberá pasar al Senado para su sanción definitiva.

Reforma laboral: negociaciones contrarreloj en el Senado

Distinto es el escenario de la reforma laboral. El proyecto llegará al recinto del Senado este miércoles, pero el contenido final del dictamen se conocerá recién al momento de la votación. Bullrich, que tomó el control de las negociaciones y dejó al margen a Diputados, aseguró que su objetivo es tener “todo cocinado” el martes por la tarde.

La principal tensión pasa por el capítulo fiscal de la reforma, en especial la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta directamente en las finanzas provinciales. Ese punto desplazó del centro del debate otros aspectos sensibles del proyecto, como los bancos de horas, el pago de salarios en especie, el tope a las indemnizaciones y la posibilidad de fraccionar las vacaciones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con los gobernadores, que hoy tienen un rol decisivo. En la Casa Rosada evalúan incluso dejar el artículo fiscal tal como está, aun a riesgo de que se caiga en el recinto, para exponer a las provincias por “no querer bajar impuestos”.

También genera dudas el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con aportes patronales —en detrimento de la Anses— para cubrir indemnizaciones por despidos sin causa. La UCR pidió que se diferencie su uso entre pequeñas y grandes empresas, mientras que los gremios buscan desactivar los puntos que afectan su financiamiento y ya anticiparon movilizaciones en las inmediaciones del Congreso.

La sesión fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para este miércoles a las 11. En el Gobierno confían en que el proyecto obtendrá, al menos, media sanción en general y será girado a Diputados. El resultado marcará el pulso político de una semana que puede ser decisiva para la agenda legislativa de Milei.

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