Gabriela Sansó, jueza de Cámara, resolvió que siete de los diez policías que están imputados por maniobras para quedarse con dinero que el Estado provincial destina al combustible de los patrulleros, recuperaron su libertad. La decisión se tomó este martes, después de las tres audiencias de la semana pasada en las que las defensas habían apelado la instancia inicial de prisión preventiva para todos.
Cuando estalló el escándalo en mayo pasado, tras una investigación del fiscal José Luis Caterina, el MPA había logrado detectar que varios vehículos policiales que habían salido de circulación aparecían en las planillas como cargando combustible.
Aquel era uno de los mecanismos para sobrefacturar. Además, Caterina verificó -en trabajo coordinado con el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia- que había empleados policiales que en su casa tenían el posnet de la estación de servicio y decenas de tarjetas Visa Flota, autorizadas para la carga de combustible en autos de la policía y que deben quedar en cada patrullero.
Por la maniobra fueron imputadas 17 personas: trece uniformados y cuatro civiles. De ese total, diez quedaron presos hasta hoy, cuando recuperaron su libertad siete de los imputados por decisión de la jueza Sansó.
El comisario Rodrigo Domínguez era secretario privado de quien fue Jefe de la Unidad Regional II hasta ser desplazado por el avance de la investigación, Daniel Acosta. Y apareció para el fiscal como uno de los más complicados en la causa: al allanarlo se le encontraron 25 millones de pesos en facos de billetes. Es ahora uno de los tres que seguirá preso.
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