Este jueves se realizó en el Centro de Justicia Penal la audiencia imputativa contra los dos policìas que habían resultado detenidos esta semana, acusados de cobrarle coima a un jefe de sicarios de Los Monos en barrio Ludueña. Se trata de Jorge Russe y Ricardo Páez, agentes del Comando Radioeléctrico, que en agosto pasado habían pedido 10 mil pesos a un integrante de la banda criminal al que debían seguir en la previa de un allanamiento. El juez Pablo Pinto dictó la prisión preventiva para ambos.
La imputación ante corrió por cuenta del fiscal Pablo Socca, que presentó escuchas judiciales como evidencia del delito cometido por los dos agentes del Comando Radioeléctrico. Cuando esta semana se los mandó a detener, también se verificó que Russe y Páez tenían en su poder armas no reglamentarias. Así, se los imputó por concusión agravada, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Además, durante la audiencia se reveló un dato muy particular: uno de los efectivos, era también abogado. Conocida esta información, Socca solicitó al juez Pablo Pinto que además de dictar la prisión preventiva se le curse una notificación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, para que se analice si debe ser suspendida la matrícula de Russe.
La escena de la coima
Según detalló la imputación del fiscal Socca, cuando eran las diez de la noche del pasado 8 de agosto, Russe y Páez se encontraban de servicio, circulando en un móvil del Comando Radioléctrico, por la zona norte de Rosario: “Iban por el cruce de Rubén Darío y Florida, cuando interceptan un Ford Fiesta en el que circulaban un hombre y una mujer. Tras darles indicaciones de detener su marcha, se identifican como personal policial, solicitan datos personales y verifican si existen sobre ellos o el vehículo un pedido de captura, con resultado negativo. Y abusando de su cargo, intimidan a las víctimas exigiéndoles la suma de $10.000”.
Quien había sido abordado ese día era Jonatan Almada, integrante de una célula de Los Monos en la zona noroeste de Rosario que comandaba Mauro Gerez. Al allanar el 22 de agosto los búnkeres de esa banda, en un operativo que implicó un impresionante despliegue de tropas, se verificó que recaudaban más de dos millones de pesos por semana en venta de drogas.
Otro detalle adicional en esta historia es que “Jona” es hijo de un policía retirado que también forma parte de la organización. De hecho, cuando se allanó el domicilio de Almada padre, allí se guardaban los cuadernos con las cuentas que se hacían por la venta de droga en Ludueña. “Era una especie de centro de cómputos de la banda”, dijo el fiscal Pablo Socca cuando imputó aquella vez.
En el diálogo referido por el fiscal se mencionó que -antes de pedir la coima- los policías preguntaron a Almada “con qué comisaría arreglaba”. Por eso el fiscal también pidió al juez Pinto que solicite autorización a la policía provincial para periciar los teléfonos secuestrados a ambos efectivos. En el marco de la investigación, resta conocer si los detenidos actuaban solos o si cobraban una coima para algún oficial superior.
El hecho del pedido de coima llegó a oídos del fiscal porque la novia de Almada tenía su línea telefónica intervenida en el marco de una investigación que Socca había iniciado meses antes, le contó la situación al día siguiente a su abogado. Ella no lo sabía y por eso contó la escena con lujo de detalles a su asesor legal.
Caída con armas
A las coimas, se le sumó un nuevo delito en el que incurrieron ambos policías al ser detenidos esta semana: circulaban en el móvil del Comando por Ayacucho al 6800 cuando fueron abordados por compañeros suyos. Tenían sin la debida autorización legal dos armas, un revólver Bagual calibre 22 y un otro Pasper, también calibre 22.
La primera 22 estaba en la mochila de Russe y la segunda apareció en requisa a Páez, oculta en un chaleco antibalas. Cuando se los detuvo, habían omitido este dato. Quienes conocen del trabajo policial, señalan que este tipo de armas no reglamentarias pueden ser utilizadas para ser plantadas durante un allanamiento, o ser utilizadas para pedir coima a un delincuente a cambio de no adjudicárselas al detenido.
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