A 15 años de la apertura de la causa, el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) fijó fecha para el inicio del juicio oral y público que investigará la presunta defraudación al Estado nacional en el marco del programa de viviendas sociales “Sueños Compartidos”. La primera audiencia se realizará el martes 11 de febrero a las 9, bajo modalidad virtual.
El proceso llevará al banquillo de los acusados a Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas José López; y al ex subsecretario Abel Fatala, entre otros imputados.
Riesgo de prescripción y causa desdoblada
La fijación de la fecha responde a una urgencia procesal: el expediente enfrenta un riesgo de prescripción en septiembre, cuando se cumplirán seis años desde el requerimiento de elevación a juicio, plazo que coincide con la pena máxima prevista para el delito de defraudación a la administración pública.
Ante ese escenario, el tribunal —integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— resolvió avanzar primero con el tramo vinculado al presunto desvío de fondos, mientras que la investigación por lavado de activos se tratará en una instancia posterior. El objetivo es garantizar una sentencia sobre el delito principal antes de que se extingan los plazos legales.
206 millones de pesos bajo la lupa
El debate se centrará en el manejo de los recursos transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre marzo de 2008 y junio de 2011. Según la acusación fiscal, representada por el fiscal Diego Velasco, el Tesoro giró 748 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios.
La pericia contable determinó que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados de su destino original. La hipótesis sostiene que parte de esos fondos no se aplicaron a las obras previstas, sino que fueron a empresas vinculadas a los Schoklender —como Meldorek S.A.— y a gastos personales, compra de bienes suntuarios y actividades ajenas al objeto de la Fundación.
La situación de los acusados
El juicio tendrá la particularidad de que varios de los imputados ya cumplen condenas en otras causas:
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Julio De Vido asiste desde el penal de Ezeiza, con condenas firmes por la Tragedia de Once y otros procesos en curso.
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José López cumple prisión por enriquecimiento ilícito y por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Los hermanos Schoklender vuelven al centro de la escena judicial por su rol en la gestión del programa de viviendas, en un vínculo que desde el inicio estuvo rodeado de controversias.
El expediente también había incluido a Hebe de Bonafini, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien falleció en 2022.
Testigos y responsabilidad política
Entre los testigos aceptados figuran dirigentes políticos que gobernaban los distritos donde debían construirse las viviendas, como el senador y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, el ex mandatario misionero Maurice Closs, el intendente de Tigre Julio Zamora y el ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.
Durante la instrucción, estos funcionarios fueron sobreseídos bajo el argumento de que no tenían autonomía para elegir a las empresas constructoras, ya que la contratación de la Fundación era una condición impuesta desde el Ministerio de Planificación para liberar los fondos. Sus testimonios buscarán esclarecer cómo operaba ese esquema administrativo.
Con el inicio del juicio, uno de los casos de mayor impacto político y judicial de los últimos años entra finalmente en etapa de debate oral, con la lupa puesta en el destino de millonarios recursos públicos destinados a vivienda social.
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