La noche del lunes en Rosario estuvo marcada por una nueva jornada de tensión frente a la Jefatura de Policía. Alrededor de las 23 horas, un grupo de manifestantes —entre los que se encontraban familiares y civiles— se concentró en el ingreso de calle Ovidio Lagos para expresar diversos reclamos. Ante el intento de bloquear el portón de egreso de los patrulleros, grupos de combate de la fuerza intervinieron para asegurar la operatividad y evitar que se resintiera el servicio de seguridad en las calles.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguraron que el despliegue preventivo en la ciudad funcionó con normalidad durante toda la madrugada del martes. De hecho, a las 6:00 de la mañana, unos 80 móviles se encontraban en tareas operativas, sumados al refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Como prueba de esta vigencia, las autoridades informaron un procedimiento exitoso en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se logró el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un menor de edad.
Fuentes oficiales confirmaron que, entre los manifestantes —algunos de ellos encapuchados—, se identificaron allegados a personal policial que fue desplazado recientemente por la actual administración y que hoy enfrentan procesos judiciales con prisión preventiva.
En relación a los efectivos que pudieron haber participado de la medida, el Gobierno fue tajante: se aplicarán duras sanciones administrativas a quienes hayan incurrido en el abandono de servicio, ya que se considera prioritario garantizar el derecho a la seguridad de todos los rosarinos.
Entrada la mañana de este martes, si bien se mantenían algunas postales del conflicto frente al edificio de Jefatura, la circulación de unidades era fluida.
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